Caixabank culpa a los exgestores de Banco Valencia del fin de la entidad

El Banco de Valencia desapareció este miércoles, aunque formalmente su absorción por parte de Caixabank no se concretará hasta mediados de julio, cuando la operación haya recibido las autorizaciones necesarias. Hoy, sin embargo, se escenificó su final en una desangelada junta de accionistas, celebrada en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, y controlada por el Grupo La Caixa, que disponía del 98,98% de las acciones. Aparte de los directivos de Caixabank, a la junta asistieron menos de un centenar de personas, la mayoría damnificados por la desastrosa y supuestamente delictiva gestión de los exresponsables de la entidad, que convirtieron la junta en algo parecido a un desahogo colectivo. El último presidente del banco, Marcelino Armenter, que fue nombrado hace unos meses por Caixabank, apuntó precisamente hacia los exgestores del banco como culpables de su ruina.

La pérdida de Banco de Valencia, fundado en el año 1900, se suma a las registradas con Bancaja —que se insertó en Bankia antes de que esta fuese nacionalizada—, con CAM —que fue adjudicada al Sabadell tras ser intervenida por el Banco de España— y Ruralcaja, integrada ahora en Cajamar. La única entidad autóctona que se mantiene en pie tras el vendaval de la crisis financiera y la monumental indigestión de ladrillo causada por la burbuja inmobiliaria, es Caixa Ontinyent, una microcaja de talla comarcal.

El antiguo orgullo de la burguesía valenciana solo mantendrá la marca en oficinas de las provincias de Valencia y Castelló, e incluso allí compartirá rótulo con la de Caixabank. En el resto de sucursales, incluidas las de Alicante, solo figurará el nombre de la entidad catalana. La sede histórica del banco, en la calle de Pintor Sorolla, alojará la dirección territorial de Levante del Grupo La Caixa, al frente de la cual se situará Bibiano Martínez, que fue nombrado recientemente director general de Banco de Valencia.

En el discurso de apertura de la junta, que hizo las veces de mensaje de despedida, Armenter lamentó la “difícil situación” en la que se han encontrado los accionistas del banco. El directivo defendió, sin embargo, el canje de acciones acordado, por basarse en su valor de mercado. El intercambio se ha concretado en la entrega de 479 títulos de Banco de Valencia por cada uno de Caixabank. Ello supuso valorar la acción de la entidad valenciana en medio céntimo de euro.

Armenter recordó la “precaria situación de la entidad” en el momento en que fue intervenido por el Banco de España, en noviembre de 2011, a petición de su propio consejo. La entidad presentaba entonces una “situación crítica de liquidez” y una “delicada situación de solvencia” tras haber concentrado el riesgo en el sector inmobiliario. Armenter añadió al cuadro la “falta de capacidad de gestión” de los antiguos responsables del banco.

Esos exdirigentes, entre los que destacan los expresidentes de la entidad José Luis Olivas y Aurelio Izquierdo, así como el exconsejero delegado Domingo Parra, están además imputados por varios delitos, que incluyen la administración desleal, en la Audiencia Nacional.

El magistrado Santiago Pedraz ha asumido, además, según un auto conocido ayer, la querella presentada contra 27 personas físicas y jurídicas por Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), entre los que se encuentran Olivas, Izquierdo y Parra. La querella presentada por el abogado Diego Muñoz-Cobo es tan amplia que Pedraz se ha inclinado por abrir unas “diligencias previas independientes”. El juez ya investigaba ocho querellas presentadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) así como el contenido de un informe elaborado por el Banco de España.

La gestión del Banco de Valencia ha tenido un alto coste para los accionistas, que ayer expresaron su malestar en tirantes intervenciones, y para los tenedores de obligaciones híbridas. Pero también para los contribuyentes, ya que el Gobierno terminará inyectando cerca de 6.000 millones de euros en el banco.