Sortu eleva la crítica

La izquierda abertzale ha elevado sobremanera el tono crítico hacia el plan de paz y convivencia un día después de ser presentado por el lehendakari, Iñigo Urkullu. Aunque el portavoz parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga advirtió la ausencia de referencias al origen político del conflicto, asumió varios aspectos positivos poco después de conocerlo. Ayer, en cambio, el portavoz de Sortu, Pernando Barrena, aseguró rotundo que el plan es “decepcionante” porque “parte de una premisa falsa”, la del “final de la violencia” ya que, en su opinión, “únicamente” ha desaparecido la de ETA, pero no la del Estado.

Entrevistado en Onda Vasca, Barrena detecta que el plan “establece víctimas de primera y segunda clase” y que el plan “es muy contundente con la violencia de ETA pero muy contemporizador con la violencia del Estado”.

En el otro extremo, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, critica el plan de Urkullu de manera antagónica a la de Sortu al denunciar, en este caso, que “pone el foco en las reivindicaciones” de ETA y “cuestiona la acción del Estado en la lucha contra el terrorismo”. Además, segú refleja en su blog,considera que este borrador puede acabar “peor” ante "la escasa exigencia del PSE" con el Gobierno vasco.

Frente a estas posiciones, el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, inicidó ayer en un aspecto muy concreto al negar que la investigación de posibles casos de tortura, que se recoge en la propuesta,sea un “guiño” a la izquierda abertzalecomo se cuestiona desde los grupos PP y UPyD.

Fernández, inspirador de buena parte de la propuesta ofrecida por el lehendakari, abogó ayer por “buscar consensos y articular puentes” con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para poder llevar a cabo el proceso de reinserción de presos de ETA planteado por el Gobierno vasco, consciente de que carece de competencias en Prisiones. Entrevistado en Radio Euskadi, recordó que el plan de paz presentado por el Gobierno está abierto a modificaciones pero “hay un principio ético del que no nos podemos mover”, que es la necesidad de “reconocer lo que ha ocurrido”.UPyD, en cambio, aportó un aspecto inédito al asegurar que el plan “pone en entredicho” a la Ertzaintza.