Alaya aplaza el desbloqueo de la gestión de una consultora de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción, la Junta y la defensa del propietario de la consultora Uniter, José González Mata, han pedido a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que nombre un administrador judicial para desbloquear las cuentas y actividad de esta empresa jerezana, paralizada desde hace dos meses y con 25 empleados que no cobran sus nóminas. Sin embargo, Alaya ha explicado a las partes que su decisión se retrasará al menos hasta que tome declaración como imputado a González Mata, una comparecencia sin fecha y ya pospuesta hace dos meses para que la magistrada pudiera estudiar la documentación incautada en los registros de las sedes de la sociedad y otras firmas vinculadas a la consultora, durante la Operación Heracles.

La breve comparecencia ha durado 40 minutos y pese a los argumentos coincidentes de las acusaciones y la defensa, Alaya considera que debe posponer su decisión. El abogado del empresario jerezano, Juan Pedro Cosano, ha subrayado la “necesidad” de nombrar el administrador judicial para Uniter y su filial Cureña, que tienen bloqueadas sus cuentas desde el pasado 18 de abril.

La situación de Uniter dibuja un sombrío panorama, al margen de las acusaciones que pesan sobre su propietario. “Uniter no puede pagar ni puede cobrar. Está todo pendiente y es un auténtico caos. La juez ha dicho que se da por enterada, pero que no resolverá hasta que preste declaración, que no sabemos cuándo será. Hacienda ya está embargando bienes inmuebles, vehículos, los trabajadores sin cobrar...”, ha explicado Cosano.

La juez ha argumentado de manera sucinta por qué deja sine die la decisión: “No se resolverá hasta tanto no se reciba declaración y se adopten las medidas cautelares (...) ya que dicha administración concursal puede ser complemento de las citadas medidas”. Cosano responde que no es necesario la espera, ya que el nombramiento del administrador no debe interferir en las medidas contra González Mata: “En el momento en que el administrador llegue, decidirá quién paga y quién cobra como garantía para el juzgado. Es la única garantía para el juzgado y si no, todos los bienes se van a malbaratar y los trabajadores irán al juzgado de lo Social”.

Al margen de la administración de Uniter, González está acusado de colaborar para incluir varios intrusos en ERE como el de Calderinox. La Guardia Civil considera que la consultora Uniter logró 13 millones en sobrecomisiones procedentes de los fondos públicos de la Junta. Los investigadores resaltan 18 operaciones bancarias que relacionaban Uniter, a través del bufete Estudios Jurídicos Villasís, con “entregas de dinero supuestamente ilícitas a empresas relacionadas con la organización”. “También se detectaron pagos realizados a varias sociedades siguiendo instrucciones de Javier Guerrero [ex director general de Trabajo] con las que este había adquirido compromisos económicos”, destacan los agentes. El empresario ofrecerá su versión de estas acusaciones cuando sea citado a declarar como imputado ante la juez, una comparecencia sin fecha de momento.