_
_
_
_
_

“Cuando lo denuncié me amenazó con pagarla con mi hermana en otra cárcel”

Cuatro mujeres testifican contra un funcionario de prisiones por abusos en Soto del Real La defensa dice que están buscando dinero

El funcionario de prisiones acusado, Miguel Ángel P. F.
El funcionario de prisiones acusado, Miguel Ángel P. F.Luis Sevillano

Varias presas han relatado este lunes en un juicio oral que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, cómo un funcionario de la prisión de Soto las acosaba sexualmente y, en determinados momentos, las “arrinconaba” para abusar de ellas bajo amenazas de perjudicar su situación carcelaria o la de sus familiares internos. Sin embargo, el encausado, Miguel Ángel P.F. ha negado los hechos y ha dejado entrever que las acusaciones son una venganza de las reas.

La Fiscalía de Madrid solicita 42 años de prisión para el hombre por agredir sexualmente a tres internas al menos durante los años 2007 y 2009. Se le acusa de varios delitos continuados de abuso de su función y de cuatro delitos de agresión sexual.

Más información
Condenado por abusos a una interna un funcionario de Alcalá-Meco
Prisiones cree que en Meco hubo sexo entre presas y funcionarios
Gallizo insta a los funcionarios de prisiones a denunciar cualquier irregularidad
"Llego y me encuentro a un funcionario con dos reclusas fumando y brindando con vino y vermú"
Prisiones investiga si hubo "relaciones sexuales consentidas" en Meco
Un juez de Alicante investiga una denuncia por abuso sexual a una reclusa del psiquiátrico penitenciario

La primera de las supuestas víctimas, Francedy, ha explicado al juez que, tras una insinuación previa aludiendo al tamaño de sus pechos, el 14 de julio de 2009 entró en el economato donde trabajaba, le arrinconó contra un frigorífico y empezó a tocarle los senos y otras partes de su cuerpo, entre ellas la vagina. Según ha relatado, tras lograr soltarse, el acusado la persiguió, la cogió por los pelos y la obligó a hacerle una felación. “Me dijo que no se lo dijera a nadie porque si no a mi hermano preso le iba a poner en primer grado y no podría tener permisos”, ha indicadocó Francedy, que ha aclarado que no dio consentimiento de la supuesta agresión sexual.

La presa, ante la insistencia del funcionario, entró en depresión y tuvo que ser medicada. Semanas después, Francedy decidió contarlo a una trabajadora social y luego a la juez penitenciaria, además de interponer una denuncia. Ya en libertad, la mujer ha concluido que peor que sentirse “ultrajada y vejada” fue la “indefensión” que sintió, ya que la cárcel “estaba dividida entre los buenos, que eran los pulcros que no consentían estas situaciones y los malos, que apoyaban a este señor”, ha dicho este lunes.

La segunda interna en declarar, también en libertad ya, ha sido Diana, que ha relatado que vio a Miguel Ángel P. en varias ocasiones con los pantalones bajados y dos veces masturbándose delante de ellas. La presunta víctima ha contado que pidió el cambio de destino para evitar su presencia y sus comentarios. En una ocasión, según ha explicado, le tiró contra un armario y le exigió que se arrodillara para hacerle una felación. “Me mandaba cartas intermodulares y una tarjeta el día del cumpleaños. También me dejaba en la biblioteca paquetitos con lociones y chocolates, cosa que está prohibida”, ha añadido. “Cuando decidí denunciarle y lo supo amenazó con putear a mi hermana, que estaba en la cárcel de Topas”, ha asegurado.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Otra interna, Miositi, ha contado que Miguel Ángel P. le tocó los pechos y le pidió que se pusiera de rodillas para hacerle una felación. Ella le recriminó su actitud y se marchó. Por último, la cuarta presa, Tina, ha expuesto un idéntico relato al anterior, también en la cocina y cuando ambos se encontraban solos.

El acusado ha asegurado en repetidas ocasiones que “nunca” abordó a las internas que la denunciaron, ni las acosó ni las tocó ni las solicitó o agredió sexualmente. Incluso ha afirmado que a algunas de ellas ni las conocía.

El abogado de la defensa, Julio Rodríguez, ha asegurado que las testigos caen en “contradicciones” y que sus acusaciones son una venganza de las reas, que cumplían prisión por tráfico de drogas, después de que su defendido descubriera que habían introducido ordenadores y portátiles en la prisión, una trama “en las que está detrás una banda de narcotraficantes”. El letrado dice que las denunciantes buscan una compensación económica y que el caso es un “aviso para que otros funcionarios no se metan en problemas y miren para otro lado”.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_