Condenado por abusos sexuales a una interna un funcionario de prisiones de Alcalá-Meco

José María L. C. era jefe de mantenimiento en la prisión de Alcalá Meco en octubre de 2005, cuando la mexicana Frida V. S. ingresó en el módulo de mujeres condenada a nueve años por tráfico de drogas. La mujer se hizo amiga de otra interna, su compatriota Eva Marta M. V., a la que Frida comentó que le gustaría tener un trabajo remunerado en la cárcel para poder mandar dinero a sus hijos. Su amiga le respondió que se acercara a José María, el encargado de los destinos. Él le dijo que no había problema, y que podría ganar 300 euros al mes siempre y cuando mantuvieran "un rollito".

El funcionario de prisiones quedó con ella en el economato. Después de que Eva Marta le hiciera una felación, mantuvo relaciones sexuales consentidas con Frida -mientras la otra interna vigilaba- a cambio de un futuro puesto de trabajo que jamás le proporcionó. Más tarde siguió presionándola para que volviera a acceder a sus peticiones. Le dijo que no había quedado "totalmente satisfecho". Ella no quiso.

José María ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid por un delito continuado de abusos sexuales a seis años y siete meses de cárcel e inhabilitación absoluta por nueve años. A la reclusa que colaboró se le ha impuesto la pena de cinco años y tres meses por abusos sexuales y amenazas. Ambos tendrán que indemnizar a la víctima, de forma conjunta y solidaria, con 4.000 euros.

La víctima pidió repetidas veces a José María que la dejara en paz después del primer encuentro sexual. No volvió a acceder a los deseos del hombre. Unos ocho meses después, recibió en su celda una carta manuscrita por Eva Marta insultándola y amenazándola si no cerraba la boca. "Suelen suceder accidentes", le decía, según los hechos probados de la sentencia. "Cuídate gilipollas. Te joderé tus mierdas permisos puta mejicana de mierda (sic)". En ese momento Frida ya había hablado de su problema con algunos funcionarios de la cárcel y en abril de 2007 envió una carta al juez de vigilancia penitenciaria denunciando los hechos.