La última palabra del celador de Olot: “Sólo quiero pedir perdón”

Le acercaron el micrófono y Joan Vila dijo su última palabra: “Solo quiero pedir perdón por todo lo que he hecho y por haber llegado a estos extremos. No quiero decir nada más”. El celador de Olot usó su turno para acabar el juicio por los 11 ancianos a los que mató en la residencia La Caritat como lo empezó: excusándose.

Ayer se celebró la décima y última jornada que decide el futuro de uno de los asesinos en serie, confeso, más prolífico de España. Se esperaba un día largo y previsible. Pero el abogado de la defensa, Carles Monguilod, jugó la última carta que le quedaba: sembrar la semilla de la duda en el jurado. “¿Ha quedado probado, sin ningún tipo de duda, que han muerto por una causa homicida?”, les preguntó en referencia a las ocho víctimas que Vila confesó un mes después de ser encarcelado. Los forenses tienen claro que tres ancianas murieron por los cáusticos que les dio, presuntamente, el celador. Pero en el resto de casos, admitieron que los exámenes no eran definitivos. Algo que hasta ese momento no se había cuestionado.

Y a eso se agarró Monguilod, ante las gesticulaciones y negaciones del fiscal Enrique Barata, que le iba escuchando. “Si se hubiesen desenterrado los cuerpos sin que alguien hubiese dicho que los había matado con psicofármacos, los hubiesen vuelto a enterrar. No se hubiese abierto una investigación. Piensen, deliberen y razonen”, pidió al tribunal popular. Y se apoyó en que el juez solo ordenó exhumar aquellos ancianos que murieron en el turno de Vila y que, por tanto, eso (que muriesen en su turno) no puede constituir una prueba contra él.

Monguilod admitió el “desdoblamiento” de su papel en el juicio, puesto que su cliente ha admitido los crímenes y, esto, se ha mantenido hasta el final, sin que el abogado cuestionase las muertes, solo centrándose en su estado mental. “Uno no puede confesar un delito si el delito no está acreditado”, insistió, y argumentó que el relato de Vila, por sí solo, no sirve como prueba para encarcelarle. “Necesitan pruebas independientes”, repitió machaconamente dirigiéndose al jurado.

El fiscal Barata, que pide para Vila 194 años, habló durante dos horas. Defendió el buen estado mental del acusado, y su pleno conocimiento de lo que hacía. “Hay una faceta a la que le puede sacar provecho: el puro teatro, simular un trastorno, esa actitud decaída…”, reprochó. También atacó el pretexto de que las ayudaba a morir: “¿Quién le pidió al acusado que matara a las víctimas? Ni una de las víctimas, ni uno de los familiares. Fue una decisión suya”.

En sus conclusiones, el ministerio público aplica el agravante de alevosía en los asesinatos. “No hay ni un anciano que tenga la posibilidad de defenderse, solo en su habitación, ante la fortaleza y la juventud del acusado”, alegó. Y en los tres últimos crímenes —cometidos con líquidos corrosivos—, aplica, además, ensañamiento. “El dolor que produce un cáustico es insoportable. Imagínese eso por dentro, bajando”, dijo, apoyándolo con un leve puñetazo en la mesa. Las acusaciones particulares se mostraron en contra del atenuante que solicita el fiscal por la confesión de los crímenes, y solicitaron que se aplique solo en el caso de dos ancianos a los que mató en 2009 y que no habían sido exhumados por el juez hasta que él lo contó (el resto fueron desenterrados fruto de la investigación).

Asimismo, criticaron el papel de La Caritat, a la que no se le pide ninguna responsabilidad penal (sí civil). El letrado Jordi Coma se refirió a la “desidia” y el “descontrol” en el centro y al papel “imperdonable” de la doctora María Elena Tresserras, que certificó las muertes como naturales. “Con un poco más de control estricto las cosas hubiesen aparecido antes”, añadió Rafael Berga. Está previsto que el lunes se entregue el objeto de veredicto al jurado, que tiene tres días para decidir si Joan Vila mató a 11 ancianos. Durante el fin de semana seguro que podrán comentar sus dudas con su entorno porque empezará a deliberar a partir del lunes.