Blasco, acusado de corrupción, reta a Fabra a expulsarlo de diputado

El exconsejero y diputado Rafael Blasco puso ayer a prueba la autoridad del presidente valenciano Alberto Fabra y abrió una grave crisis en el seno del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Blasco, procesado por cuatro delitos relacionados con el desvío de fondos públicos para el Tercer Mundo, lanzó, públicamente, un órdago a Fabra. El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, para quien el propio Gobierno valenciano solicita una pena de 11 años de cárcel y 31 años de inhabilitación por su participación en un fraude en las ayudas de cooperación al desarrollo, instó al presidente de la Generalitat a expulsarlo del Grupo Popular.

“Si se abre juicio oral valoraré la situación y haré lo mejor para mi partido y mi función como diputado”, dijo Blasco a los periodistas en los pasillos del Parlamento autonómico, y añadió respecto a la posibilidad de dimitir: “Esa hipótesis no está planteada, es absurdo hablar sobre ella. No haré nada que vaya contra mi dignidad o ponga en duda la representación democrática que tengo”. Con ello respondía al compromiso adquirido por Fabra de que no le temblaría la mano y actuaría con contundencia.

El parlamentario se niega a abandonar el grupo popular voluntariamente

“Mi adhesión a las políticas del PP y de la Generalitat son absolutas, pero se han de contrastar con mi dignidad y mi derecho constitucional a la presunción de inocencia”, remachó el exconsejero, que reivindicó su contribución a las victorias electorales del PP, “con políticas de vanguardia en muchos casos”. El diputado esperó la sesión plenaria de las Cortes Valencianas para hacer público su desafío, apenas un día después de difundirse que tanto la Abogacía de la Generalitat como la Fiscalía Anticorrupción piden más de diez años de cárcel para él en la primera de las dos causas abiertas en relación con el saqueo de los fondos destinados a cooperación. Blasco acudió con normalidad a la reunión previa del Grupo Popular, donde no se abordó su situación, y entró en el hemiciclo como siempre. Apenas dos horas después, cuando ya estaban todos los medios de comunicación presentes, salió a los pasillos a hablar y a posar para los fotógrafos.

El pulso fue tan ostentoso que el presidente de la Generalitat se vio obligado en un acto público en Benissa (Alicante) a replicarle. “Blasco sabe que tendrá que dejar el grupo parlamentario cuando se cumplan las dos condiciones que anuncié. Y una de ellas ya se ha cumplido”, señaló el presidente, que difundió esa misma respuesta a través de Twitter. Fabra anunció la semana pasada que la continuidad de Blasco en el Grupo Popular quedaba condicionada a la petición de la Abogacía de la Generalitat —que se conoció el pasado martes— y al auto de apertura de juicio oral por parte de la juez del Tribunal Superior de Justicia, que se puede demorar semanas.

“Sabe que tendrá que dejarlo”, se limita a responder el presidente

Sin embargo, el presidente valenciano confiaba en que Blasco, contrario a dejar el escaño, aceptara, al menos, dejar el Grupo Popular y reubicarse como diputado no adscrito para no perjudicar al partido ni a la Generalitat, donde Consuelo Ciscar, esposa del exconsejero, es directora del IVAM. Blasco dejó ayer claro que lo tendrán que echar y elevó varios grados la temperatura en el hemiciclo de las Cortes, donde Fabra se someterá hoy a una sesión de control con el exconsejero rebelde sentado en la misma bancada. En el grupo parlamentario Blasco busca ahora el apoyo del resto de los diputados populares. Además del exconsejero acusado de corrupción hay otros ocho parlamentarios imputados en las distintas piezas separadas del caso Gürtel y del caso Brugal (relacionado con el supuesto amaño del plan general de ordenación urbana de Alicante), entre quienes figura la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Además, el tribunal valenciano debe decidir aún si imputa a Francisco Camps y Rita Barberá por el caso Nóos.

Fuentes del grupo parlamentario admiten que Blasco se ha presentado al resto de imputados como un muro de contención para que el PP salvaguarde su estatus y su presunción de inocencia. En la bancada popular ya hay dos exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such, para quienes la Fiscalía Anticorrupción reclama 11 años de prisión y 10 años de inhabilitación, respectivamente.

El PP tiene a nueve imputados en las Cortes y a Camps y Barberá a la espera

Si Fabra, que asegura que no le temblará el pulso en su lucha contra la corrupción, decide expulsar a Blasco del grupo parlamentario es necesario que el resto de sus diputados se pronuncie. Y algunos de ellos todavía mantienen una relación de amistad con el exconsejero valenciano, que formó parte de los Gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps entre 1999 y 2011 en seis carteras diferentes. La crisis abierta en el PP valenciano se produce en vísperas de una convención regional del partido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene previsto inaugurar el sábado en Peñíscola.

El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, expresó su estupor por la situación creada. “Es insólito que un Gobierno acuse a un consejero de delincuente y que el presidente de ese Gobierno lo mantenga en el Parlamento. Fabra no tiene capacidad para defender los intereses de los valencianos ni la honradez de un Parlamento”. El dirigente socialista recordó que “en el caso de Blasco llueve sobre mojado” y que “nadie se puede sorprender por lo sucedido porque hace muchos años el PSPV lo expulsó por estas razones y el PP lo fichó para destrozar al PSPV”.

“Fabra carece de capacidad", afirma el socialista Ximo Puig

La diputada de la Coalició Compromís, Mireia Mollà, que presentó una de las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción que han llevado al procesamiento del diputado del PP, dijo: “La cárcel es lo que se merece”. Mollà criticó al presidente valenciano por amparar “a alguien que cogió dinero de la gente pobre para enriquecerse”. Marina Albiol, de Esquerra Unida, tachó de vergonzosa la situación.