Orden de desahucio para la oficina antidesahucios

El jueves se libraron de que les echaran por los pelos, un fallo de forma. Pidieron acceso a la asistencia jurídica gratuita y el procurador que les correspondía no llegó a tiempo. El juez aplazó la expulsión que ya tenía fecha y hora, 30 de mayo a las 9.30. Pero la orden de desalojo (con una nueva fecha de lanzamiento aún por determinar) sigue encima de la mesa. El tema pasaría desapercibido en un contexto como el actual —en 2012 hubo aproximadamente un desalojo de vivienda cada 15 minutos, según datos del Colegio de Registradores de España— sino fuera por lo irónico del asunto: la orden de desahucio pesa sobre una de las oficinas antidesahucios más activas de España.

En el centro social Seco, ubicado en los límites del distrito madrileño de Puente de Vallecas pero que corresponde administrativamente a Retiro, se reúnen desde hace más de tres meses los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid. Sobre la asociación de vecinos que lo gestiona, Los Pinos de Retiro Sur, pesa una deuda municipal por el local de 400 metros cuadrados que supera los 44.000 euros, aunque ellos apelas a un acuerdo “verbal” que rebajaba considerablemente el alquiler y, por tanto, la deuda.

Cada martes, sin falta, se encuentran allí afectados y asesores de la PAH en la reunión general. Los nuevos llegan en silencio, toman asiento. Escuchan y a veces cuentan su caso con un hilo de voz casi imperceptible. Entre el sótano oscuro y la planta baja del centro social Seco, sede una treintena de actividades vecinales y más de una quincena de asociaciones, tomaron forma los grupos de afectados por entidades bancarias. De sus puertas partió el autobús que a mediados de abril trasladó a 46 personas de Madrid a Bilbao. Recorrieron 400 kilómetros para ir a protestar a la puerta de Kutxabank. Fueron y volvieron en el mismo día.

“Este centro es vital para nosotros, aquí gestionamos casi todo”, explica Pepe Cuesta, asesor de la PAH. El jueves que estaba previsto el desalojo estaban allí “preparando precisamente las pancartas para la próxima manifestación”, prevista el 8 de junio contra la “estafa hipotecaria” y la “impunidad financiera”.

Pero el local parece tener los días contados. Pertenece a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, que el Ayuntamiento quiere liquidar por “no ser operativamente viable” tras malvender unos 1.800 pisos protegidos.

La empresa pública alquiló el local a los vecinos en 2007. Se mudaron tras ocupar durante más de 15 años un viejo colegio en la calle de Seco y convertirlo en el centro cultural autogestionado del barrio. Pelearon para que se realojara a vecinos desalojados de la zona de Las Adelfas y para conseguir una nueva sede. “Somos los primeros okupas que han luchado por su desalojo”, aseguraba en 2005 José Luis Fernández, sociólogo y miembro de Seco, que sigue al pie del cañón.

El alquiler ascendía a unos 1.300 euros, según consta en el contrato que la EMVS remitió al juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid. Ahora ronda los 1.700, calcula Fernández. Una portavoz de la EMVS subraya que este tipo de sedes se alquilan a través del área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento en “condiciones más favorables que las de mercado”. El precio del metro cuadrado asciende a 3,5 euros.

La asociación arrastra impagos de parte del alquiler desde 2008. Desde la EMVS destacan que ha habido “numerosas reuniones” para llegar a un acuerdo “pero han manifestado su imposibilidad de pagar”. Los vecinos recogían en la memoria de actividades del Seco de 2012 que el alquiler del local “era demasiado oneroso” para asociaciones sin ánimo de lucro y que quedó rebajado tras un acuerdo del que no hay documentos. Aluden a una subvención municipal que suponía bajar hasta el 80% del precio en los primeros dos años y un 50% los tres siguientes. No recibieron ese dinero.

En 2010, pidieron una negociación con la EMVS para renegociar el alquiler y refinanciar la deuda. Ahora reiteran esa petición a la espera de un posible cambio de sede. Reclaman que les descuenten parte de las cantidades por el “mal estado” del local. “Ha habido inundaciones periódicas y goteras”, explica Fernández. En 2007 tuvieron que retrasar la inauguración del local “por un problema de aguas fecales”. Aseguran que se ha repetido al menos cuatro veces más.