ITV a 40 años

Dos semanas después de que el Diario Oficial de Galicia regulase —el 4 de marzo de 1987— la “organización y régimen jurídico del servicio público de ITV” se constituyó la empresa Supervisión y Control que ya ese mismo año se hizo con una concesión que mantendrá hasta 2023. La adjudicación tenía fecha de caducidad y debía expirar en 2007. La última prórroga del monopolio en la inspección de vehículos la firmó el consejero de Industria del bipartito, el nacionalista Fernando Blanco, a cambio de que la concesionaria limase un 10% las tarifas. En total, serán 36 años de concesión en régimen de monopolio.

Pese a la rebaja negociada en 2007, Galicia sigue situándose durante 2013 en la franja alta de los precios, desde luego muy por encima de las comunidades que gestionan el servicio directamente o a través de empresas públicas (Asturias, Andalucía y Extremadura). Revisar un vehículo diesel cuesta en Galicia 47,10 euros, tres euros más que en Andalucía (43,69) y 14 por encima de lo que pagan los asturianos (32,80). Los precios más altos se mantienen también para las inspecciones de las motos. En Galicia certificar su puesta a punto cuesta 34,65 euros, frente a los 26,71 euros que pagan los andaluces o los 19 euros que abonan los asturianos. Las ganancias que obtienen dichas empresas públicas garantizan además un retorno a las arcas de esos gobiernos regionales. Aunque Galicia se mantenga en la parte cara de la tabla, por encima de ella emergen otras comunidades que también pritavizaron el servicio como Madrid y Castilla León.

Según los datos que figuran en el Registro Mercantil, Supervisión y Control (SYC) extrajo entre 1992 y 2011 más de 170 millones de euros de beneficios gracias a su régimen de monopolio. Un tercio de la facturación de este ventajoso negocio se corresponde con sus ganancias. En la madeja de firmas que figura en el Registro Mercantil SyC consta como una sociedad del grupo Inversiones Finisterre, filial de Macovi Sociedad de Inversiones SL, que preside Amador de Castro y en la que tiene también participaciones Epifanio Campo, dos empresarios bien relacionados con el poder político. El mismo conglomerado maneja otras sociedades dedicadas a la gestión de residuos, puertos deportivos y a la actividad inmobiliaria. Pero de la contabilidad de la compañía se deriva que es la firma que expide los certificados de la ITV la que aporta liquidez al grupo mediante préstamos y avales a las empresas hermanas.

Aunque en el año 2000 el Gobierno presidido entonces por José María Aznar aprobó un decreto de liberalización del sector de la ITV modificando el régimen de concesiones por el de autorizaciones, el mercado nunca se abrió a la competencia ni en Galicia ni en el resto de España. La Xunta de Fraga en un decreto firmado en 2003 sale en defensa de la concesionaria: descarta autorizar nuevos servicios de inspección en tanto no termine su contrato. Ese mismo año, el 8 de julio, una resolución de la Dirección Xeral de Industria del Gobierno gallego establece el fin de la concesión en el 31 de diciembre de 2011. El bipartito que gobernó en Galicia entre 2005 y 2009 tampoco hizo nada por romper la posición hegemónica de SyC en el sector, si bien logró frenar la escalada de tarifas que había puesto en marcha la concesionaria desde que se hizo con el negocio en 1987. El 11 de octubre de 2007 el departamento de Industria que presidía el nacionalista Fernando Blanco extendió la concesión hasta 2023 a cambio de bajar un 10% los precios en 2008 y de mantenerlos congelados hasta 2011.

Mientras en otras comunidades se debate sobre la apertura de este negocio a la competencia, que según algunas auditorías rebajaría las tarifas de la ITV un 30%, en Galicia nadie ha abierto el debate. Em Cataluña, la Federación Catalana de Vendedores de Vehículos a Motor pleiteó hasta lograr que el Tribunal Superior de Justicia declarase nulo el concurso por el que se adjudicaron las ITV. El pasado abril El Corte Inglés anunció que dos de sus centros comerciales en Madrid (Alcalá de Henares y Leganés) albergarán instalaciones de inspección. Lo que hay detrás de todos estos movimientos en el sector es la intención de los concesionarios de coches y las superficies comerciales de colarse en el reparto de una tarta con 500 millones de euros de facturación en España. El Tribunal Constitucional ya desbarató una vez las intenciones de los talleres de colarse en este lucrativo negocio. Entretanto, la caída empicada de las ventas de automóviles por la crisis y la falta de crédito en los bancos propician que el parque de vehículos siga envejeciendo en España. Más facturación para un sector que no ha sucumbido a las ansias liberalizadoras del actual Gobierno.