Lucha social por la ‘maría’

Las operaciones policiales para intervenir plantaciones de marihuana van en aumento. La Guardia Civil se incautó de 3.246 plantas en el primer trimestre de este año, un 166% más que en el mismo periodo de 2012. Y hace un mes la policía batió su récord de una sola tacada: 13.000 plantas y 21 detenidos en una operación en la Costa del Sol. Este crecimiento represivo constante ha tenido en ocasiones una particular respuesta: los fumadores se han organizado en clubes para plantear batalla legal, aún a costa de identificar a cada miembro.

El movimiento en defensa del cannabis nació hace una década en Andalucía, pero hasta este fin de semana no se ha constituido la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) del Sur, formada por 18 colectivos a la búsqueda de un terreno legal que por tradición ha sido resbaladizo. “Es el final de una hoja de ruta para determinar cuántos consumidores hay. Estamos encaminados a un proceso con controles de calidad y una dinámica de profesionalización”, opina Leandro García, presidente de la federación andaluza, consciente de la dificultad de su empeño, que debe remover conciencias y abrir un debate social mudo en Andalucía.

Como si fuera un choque de trenes, el éxito policial corre en paralelo a la organización de los fumadores, que no están dispuestos a plegarse a las dificultades impuestas por las fuerzas de seguridad, pese a que el cultivo de este derivado del cannabis se mueve en el limbo jurídico y acarrea multas y problemas legales que los tribunales resuelven con desigual criterio.

Los datos avalan las casi 500 intervenciones al año de la Guardia Civil en el ámbito rural (más proclive a las grandes explotaciones), que en 2011 se tradujeron en 6.205 plantas aprehendidas y el año pasado aumentaron a 8.408 plantas (un 35% más). A este incremento se le suman los recientes golpes policiales al tráfico del hachís, que han sumado 100 toneladas solo en mayo. “Es una tendencia al alza porque es dinero fácil y la crisis ha ayudado mucho a personas sin trabajo a dar el paso”, explica el jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil en Granada. Este mando señala que las aprehensiones en “instalaciones más sofisticadas” en garajes e invernaderos han sustituido a las tradicionales en huertos rurales. En Andalucía existen plantaciones de marihuana ocultas en todas las comarcas, pero también hay algunos cultivos propiedad de la industria farmacéutica y controlados por las autoridades. Y es que las grandes compañías aplican los principios activos del cannabis para ciertos medicamentos.

La persecución de las plantaciones del cannabis a gran escala es consecuencia de investigaciones y denuncias vecinales, porque los esfuerzos policiales están centrados en las drogas duras como la cocaína y la heroína. “La maría cuesta mucho trabajo y tiene poca pena \[de cárcel\]”, ejemplifica un mando de la policía. Otras fuentes policiales dudan del optimismo que se desprende de la subida de las incautaciones, sobre todo tras el descabezamiento que sufrieron las unidades antidroga de Sevilla y Málaga por investigaciones de Asuntos Internos. Esto ha provocado que muchos policías extremen las cautelas en su trabajo con confidentes, y por tanto las investigaciones ofrecen frutos mucho más tardíos y menos jugosos.

Mientras, los clubes de fumadores se apoyan en la jurisprudencia, que acepta la producción del cannabis para el “consumo compartido” bajo requisitos como que los afectados han de ser consumidores habituales y haber dado su autorización previa, para fumar en un sitio cerrado y sin excedentes de cannabis. Es decir, que no exista beneficio ni comercio de la droga. De las 350 asociaciones activas en España, unas 200 están en Cataluña, 50 en el País Vasco y otras 50 repartidas en el resto del país. Las intervenciones policiales contra estos clubes se reproducen, pero casi todas acaban en absoluciones por parte de los jueces, aunque acarrean problemas legales a sus socios.

Para las asociaciones andaluzas, el modelo a seguir, alejado del ánimo de lucro instaurado en Holanda y sus coffeeshops, está en el País Vasco. Desde hace un mes una ponencia en el Parlamento estudia cómo regular las asociaciones para el consumo de cannabis. Aprobada por todos los partidos políticos, a la ponencia acudirán durante un año una treintena de expertos, y sus conclusiones se plasmarán en un dictamen jurídico con recomendaciones. En paralelo se está redactando la nueva ley de adicciones, a la que seguirán un código de buenas prácticas y un protocolo policial para las actuaciones. Eso sí, todo ello sin perder de vista que las competencias legales residen en el Gobierno central. “Queremos que el proceso sirva de referencia para el País Vasco. Y si otros lo quieren copiar, perfecto”, resume Íker Val, presidente de la federación de asociaciones Eusfac. Dada la cercanía de Marruecos y la implantación del mercado negro, está por ver si el consumo de la marihuana desplazará en Andalucía al hachís a través de esta fórmula.