EH Bildu denuncia una “farsa” en la tramitación parlamentaria del ‘fracking’

El culebrón sobre cómo prohibir el fracking en Euskadi suma un nuevo capítulo. EH Bildu ha asegurado esta mañana, tras levantarse de la ponencia parlamentaria que analiza la proposición de ley presentada por las Juntas Generales alavesas para prohibir la utilización del fracking en espacios naturales protegidos, que no descarta acudir a la justicia para evitar que la tramitación del cambio legal se convierta en una “farsa”.

El portavoz en esta materia de la coalición, Dani Maeztu, ha explicado en rueda de prensa que la Mesa ha admitido a trámite enmiendas del PNV, los socialistas y el PP que suponen una “enmienda a la totalidad” a la proposición de ley de las Juntas Generales de Álava. El parlamento provincial, con un único artículo, pidió que se cambie el apartado 4 del artículo 17 de la ley de conservación de la naturaleza para recoger que “dentro de los límites y zonas de afección de los espacios naturales protegidos no podrá llevarse a cabo explotación minera alguna, ni a cielo abierto ni de forma subterránea. De igual manera, queda prohibida la exploración y explotación de hidrocarburos mediante la técnica de la fracturación hidráulica o fracking”.

Ante este texto, PNV, PSE y PP presentaron enmiendas que vienen a cambiar sustancialmente el texto original y que EH Bildu considera inadmisibles. La coalición blande un informe jurídico de uno de los letrados del Parlamento, Alberto Figueroa, que recoge que las enmiendas se deben limitar a cambios en ese artículo. “Cualquier propuesta de modificación alternativa del texto de la proposición de ley se introduce en el terreno proscrito de la enmienda a la totalidad”, un tipo de cambio que el reglamento del Parlamento impide. El letrado entiende que las enmiendas de PNV, PSE y PP “constituyen textos alternativos que merecen la calificación de enmiendas a la totalidad y por ello no resultan admisibles a trámite”.

La Mesa de la Cámara “no hizo caso al informe”, según ha desvelado hoy Maeztu, y admitió a trámite entre el 16 de abril y el 7 de mayo con la postura en contra del vicepresidente del Parlamento, Juanjo Agirrezabala, el único miembro de la coalición en el máximo órgano institucional del Legislativo vasco. Hoy, la ponencia que estudia la reforma legal ha seguido adelante con el proceso, por lo que los representantes de EH Bildu se han levantado de la mesa.

¿Qué es lo que ocurre? Que las Juntas Generales alavesas han optado por blindar algunas zonas del fracking a través de una ley que está dando no pocos problemas, y la modificación que se quiere realizar ahonda precisamente en esas dificultades. Esta misma ley, modificada en 2010 para incluir una prohibición general relacionada con las explotaciones mineras, ha recibido duros varapalos en forma de sentencias e indemnizaciones a pagar. Esta realidad ha hecho que PSE y PP aprovechen la apertura de la reforma de la ley para enmendar el error del Parlamento de la pasada legislatura, yendo más allá de enmiendas centradas en la propuesta sobre el fracking. Tanto estos dos partidos como el PNV apuntan, al mismo tiempo, que las prohibiciones genéricas –que ahora también se quieren plantear en torno al fracking- no son legales ya que corresponden al Gobierno central.

Hoy, la portavoz socialista en esta materia, Natalia Rojo, ha criticado a EH Bildu por su “falta de respeto” a la ponencia y ha calificado de “sorprendente” la actitud de la coalición. Primero, porque la decisión de la Mesa se tomó hace tres semanas y no ahora. Y, segundo, porque, tal y como ha recordado, el PSE, en el pleno en el que se debatió sobre si admitir a trámite o no la petición de las Juntas Generales –se votó si se empezaba a debatir o no-, planteó a la coalición abertzale que votara en contra de su admisión para que, de esta manera, la iniciativa legislativa popular planteada por la plataforma Fracking ez Araba –que plantea una nueva ley-, tuviese vía libre para ser tramitada. Y es que la ILP no fue admitida por la Mesa al tratarse de una iniciativa legal sobre el mismo tema que otra, la de las Juntas alavesas, algo que no permite la legislación autonómica de las ILP.