La universidad suspende en contratos

Las universidades madrileñas suspenden a la hora de hacer cuentas o de conocer los principios legales de las contrataciones públicas. Eso, al menos, es lo que dice el informe fiscalización de 2011 realizado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad. De los 422 expedientes analizados, el 78% se llevó a cabo sin publicidad. En total, fueron 35 millones de euros adjudicados de forma directa. Estas son las conclusiones:

La Universidad Autónoma necesitaba un “sistema de bombas de jeringa para un trabajo en flujo continuo con control de temperatura” para un instituto dependiente. Así que invitó a tres empresas. En vez de convocar un concurso, la universidad encargó varios “informes justificativos del contrato \[sin publicidad\] a celebrar”. Estos documentos, según los auditores públicos, “son insuficientes, ya que no detallan con precisión, como exige la ley, la naturaleza y extensión de las necesidades” y se reducen a detallar “el objeto de los contratos”. Es decir, solo recuerdan para qué se quiere el suministro y no por qué no se convoca el concurso.

Finalmente, una de las tres firmas no se presentó y las otras dos eran la misma. Por lo tanto, según la Cámara de Cuentas, la universidad no actúo con el “principio de buena administración”, “aunque sea la mínima prevista para los procedimientos negociados sin publicidad”.

La Universidad Carlos III buscaba “alumnos indios” para unos másteres. Así que contrató directamente “con la única \[empresa\] que presta estos servicios en España”, adujo. Pero esta afirmación, “sin ningún soporte que la acredite”, es contraria a los principios de publicidad y concurrencia. Además, los auditores recuerdan a los gestores universitarios que el “sector público está abierto a las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras”.

Este mismo centro universitario decidió también adjudicar sin publicidad un contrato de “asistencia técnica de apoyo psicológico”, una labor que “venía prestando en años anteriores el mismo adjudicatario en virtud de contratos adjudicados por el mismo procedimiento \[sin publicidad\]“. El contrato en juego era de un año “sin posibilidad de prórroga”. ¿Qué se conseguía así? Pues, encadenar “sucesivos contratos sin publicidad, cuando lo que procede legalmente es celebrar un procedimiento abierto”.

La Universidad Complutense necesitaba una línea de autobuses para la Facultad de Geológicas y otra para la de Biológicas. Como por separado no alcanzaban el importe que obliga a sacarlas a concurso, convocó dos contrataciones separadas sin publicidad. Pero la Cámara de Cuentas se dio cuenta de que ambas facultades “son contiguas en el campus de Moncloa”, por lo que se podría haber hecho todo en un solo contrato y así respetar los “principios de publicidad y libre concurrencia”. Además, y presumiblemente con el objeto de evitar el concurso con publicidad, la universidad dio al contrato el plazo de un año (del 1 de enero al 31 de diciembre). Los auditores se sorprenden, ya que las líneas de autobuses “tienen carácter permanente dado el carácter de los estudios que se realizan en las mencionadas facultades”. “De esta manera, el órgano de contratación fracciona en el tiempo las prestaciones adjudicando recurrentemente los contratos mediante procedimientos negociados sin publicidad cuando lo procedente sería celebrar contratos de mayor duración y adjudicarlos mediante procedimientos abiertos \[concursos\]”.

La Universidad Politécnica necesitaba contratar un “servicio para la mejora del diseño y monitorización de los sistemas internos de garantía de calidad”, un proyecto con el que intentaba obtener una certificación oficial. Invitó a tres empresas al proyecto, que dividió en tres partes. Una de ellas se quedó con un contrato y la otra, con dos. Según la web de una de ellas, las dos son “socias comerciales estratégicas”. Los auditores añaden que la universidad no justificó por qué los contratos eran de 60.000 euros, justo el límite para no hacer concurso.

La Politécnica también quería contratar un “servicio para la asistencia técnica del Consejo Social de la UPM”. La universidad le propuso el proyecto a tres sociedades, la adjudicataria y otras dos cuya actividad no tenía nada que ver con el objeto del contrato, ya que estaban especializadas en “recursos de la tierra e hidrogeológicos”. Por eso, la Cámara recuerda que este tipo de invitaciones a sociedades ajenas al contrato “contravienen” la ley. Además, los auditores recuerdan que si el Consejo Social requiere “unos trabajos de asesoría permanente”, lo que tiene que hacer es contratar personal laboral.

Algo parecido ocurrió con las obras de rehabilitación de las cubiertas y fachadas de dos edificios de la Ingeniería Técnica Industrial, ya que no hubo publicidad en el concurso y de las dos empresas que se presentaron, una estaba especializada en “instalaciones eléctricas y excavaciones”.

Más curioso fue el caso de la ampliación del edificio de los servicios centrales del campus de Montegancedo. Las cláusulas del pliego otorgaban 40 puntos a la oferta más ventajosa que no superase una rebaja del 20%. Se presentaron 25 firmas y todas ofrecieron la citada rebaja, con lo que todas obtuvieron los 40 puntos. Ninguna superó la reducción porque eso hubiera hecho que no lograsen ni un solo punto. Los auditores escriben en su informe: “Era de prever”.

Luego, la Politécnica dio otros cinco puntos a los que redujeran el tiempo de construcción un 20%. Y claro, todas lo prometieron exactamente en ese porcentaje. Lo más llamativo fue que los criterios subjetivos puntuaron un 50% de la nota. Y los auditores dicen que eso no es lo lógico, puesto que lo subjetivo se convierte en determinante, porque todos sabían, desde el principio, que iban a tener los mismos puntos.

También hizo aguas la Politécnica a la hora de adjudicar otros dos contratos relativos a un proyecto denominado “Buque Autómata Inteligente Polivalente para la Pesca 2020”. La universidad estableció que el importe máximo de los proyectos no podía superar los 60.000 euros para evitar el concurso con publicidad. Al respecto los auditores son claros: “Resulta incorrecto fijar el valor del contrato de manera apriorística estableciendo una cuantía que permita acudir al procedimiento negociado sin publicidad”. Se presentaron tres ofertas. Como dos superaban los 60.000 euros, la adjudicataria lo tenía muy fácil.

La Universidad Rey Juan Carlos hizo un procedimiento abierto para adjudicar unas obras de una nave del campus del Móstoles. En el pliego daba puntos a quienes tuviesen más “medios humanos”. Los auditores también son claros: ese criterio no puntúa, solo vale para determinar si la empresa es solvente y, por lo tanto, puede presentarse al concurso.