El Parlament pide que comparezcan De Guindos y la cúpula de Catalunya Banc

Ministros y consejeros de Economía actuales y de legislaturas pasadas; cúpulas de las entidades financieras nacionalizadas o que han recibido ayudas públicas; responsables de instituciones como el Banco de España, la CNMV o el Frob. Y también víctimas de los abusos financieros representados en plataformas como EstafaBanca, Adicae o la PAH, además de expertos. Son las comparecencias que hoy ha pedido la comisión del Parlamento catalán que investiga la gestión de las entidades financieras y los abusos que se cometieron sobre los derechos de los consumidores. Hasta 90 nombres que pueden prolongar los trabajos de la comisión más allá de verano.

Entre las demandas de comparecencias figuran el ministro de Economía, Luis De Guindos, los exministros Pedro Solbes y Elena Salgado; y de las cúpulas actuales y anteriores de Bankia (Rodrigo Rato y José Ignacio Goirigolzarri) de Catalunya Banc (Adolf Todó), así como los antiguos directivos de Caixa Penedès imputados por adjudicarse pensiones millonarias.

La larga lista incluye también al gobernador del Banco de España, Luis María Linde; a la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez; al presidente del FROB, Fernando Restoy, al secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, o bien al ex gobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez. Además, llama a dar explicaciones al actual consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell y a su antecesor, Antoni Castells; así como a sus directores generales.

Quienes no serán llamados a comparecer serán el presidente de CaixaBank, Isidre Fainé, y el director general de la entidad, Juan María Nin; ni tampoco los presidentes del Santander, Emilio Botín, y el BBVA, Francisco González. CiU y PP (que ya en la pasada legislatura pidieron restringir las pesquisas a las entidades rescatadas) han votado en contra de estas comparecencias. El PSC se ha abstenido.

La Comisión de Investigación (sobre posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades financiersa y la posible vulneración de los derechos de los consumidores, así se llama), fue constituida el pasado día 12 de abril a petición de PSC, ICV, PP y Ciutadans y con el apopo de ERC y la CUP. El trabajo se arrastra desde las pasada legislatrua y su investigación tiene dos patas: por un lado conocer las causas del desmoronamiento del sistema catalán de cajas; y por otro, las del perjuicio causado a miles de ciudadanos por la colocación de productos tóxicos, como las participaciones preferentes, o el sobreendeudamiento que ha provocado miles de desahucios.

Teniendo en cuenta que la comisión se reune semanalmente y que en cada sesión hay tiempo para cuatro comparecientes, si pasaran todos el trabajo podría prolongarse durante 22 semanas. Es por ello que probablemente a partir de medidados de junio la propia comisión acuerde celebrar varias sesiones por semana. Con todo, los únicos comparecientes obligados a hacerlo son los miembros del Gobierno catalán. El resto, podrían excusar su intervención, una negativa que el Parlamento podría notificar a la Fiscalía.