La realidad entra en las aulas de Derecho

Todo comenzó con una historia dramática. Una de esas noticias que cuesta asimilar. Un hombre se había quemado a lo bonzo en Málaga acuciado por las deudas y con el drama de los desahucios hipotecarios de fondo. Fue a principios de año y Antonio Manuel Rodríguez cruzó la puerta del aula con el gesto contrariado por lo que acababa de leer. La cabeza le bullía y este profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba soltó directamente a sus alumnos lo que tenía en mente: “Hagamos un laboratorio jurídico sobre los desahucios. Busquemos alternativas y mejoras a la ley actual”.

En abril, se puso en marcha el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios. 90 alumnos aceptaron y han participado desde entonces en la elaboración de 11 propuestas básicas que llevaron esta semana al Congreso de los Diputados. “Conocía el tema de los desahucios por lo que veía en televisión, la verdad, por las concentraciones de las plataformas como Stop Desahucios y esas cosas”, reconoce Verónica Nieto, alumna de 21 años en tercero del grado de Derecho de la facultad cordobesa. Ella, como el resto de sus compañeros, es ahora toda una experta en la materia.

Durante estos meses, los alumnos han trabajado en grupos, estudiando la jurisprudencia existente en el tema hipotecario y en la ley española que lo enmarca, comparando el marco legal con el de otros países del entorno europeo y descubriendo, según sus propias palabras, “lo injusta que es”.

Resultado de todo el trabajo, los alumnos han desarrollado una serie de propuestas que incluyen que los bancos devuelvan el dinero del rescate bancario, condonando parte de la deuda de las familias, y que solo los jueces —y nunca los notarios— intervengan en los procesos de desahucios. Apuestan por la creación de una casilla en la declaración de la Renta para poder destinar esa parte del dinero a un fondo de garantía hipotecaria que se haga cargo de la renegociación de las hipotecas y que el banco malo asuma parte de la deuda de las familias en riesgo de exclusión. Además, abogan por que los jueces puedan suspender las ejecuciones hipotecarias por razones humanitarias.

El informe preparado por los estudiantes incluye también la propuesta de permitir la suspensión de la hipoteca si una familia se declara en bancarrota y pide la apertura de un concurso de acreedores. También proponen los alumnos ampliar las competencias de las oficinas autonómicas de mediación, fomentar medidas de sanción contra viviendas vacías y la amnistía fiscal para los desahuciados. Todas esas propuestas están documentadas y contemplan la manera de ejecutarlas con todas las garantías jurídicas.

El miércoles pasado, tras entregar las propuestas en el Registro del Congreso, un grupo seleccionado de alumnos mantuvieron reuniones con los grupos parlamentarios del PSOE —al que asistió su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba— IU, PNV, CiU y el grupo Mixto. El resultado de los encuentros fue dispar, según señala el profesor Antonio Manuel Rodríguez. “Con Rubalcaba no hubo mucho intercambio de opiniones, la verdad, aunque es cierto que la diputada Leire Iglesias, quien en el grupo del PSOE en el Congreso lleva la voz cantante en todos los problemas de los desahucios y las hipotecas, se comprometió a mantener vías de comunicación con nosotros”, señala.

Mejor sensación les dejó sus entrevistas con los miembros de CiU, PNV e IU, quienes les transmitieron su interés por algunas de las propuestas concretas, “como la creación de oficinas de mediación entre los afectados y las entidades bancarias como las que se han puesto en marcha en Andalucía”, apunta como ejemplo el docente.

Y es que el laboratorio jurídico ha estado trabajando a tiempo real mientras el debate sobre los desahucios y la ley hipotecaria se enconaba en la sociedad a golpe de desalojos, suicidios y manifestaciones, cuajando, finalmente, en la iniciativa legislativa popular que hace un mes se llevó al Congreso de los Diputados por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca tras recibir el apoyo de más de un millón de personas que la respaldaron con sus firmas.

“También hemos trabajado a contracorriente. Sabíamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea iba a dictaminar sobre la Ley Hipotecaria española y hemos tenido que adaptarnos a su resolución”, destaca Rodríguez. “A mí me tocó rehacer todo mi trabajo sobre el marco europeo cuando conocimos la resolución del tribunal, que dictaminaba que era ilegal”, recuerda la alumna Verónica Nieto.

“Con iniciativas como la del laboratorio, vimos el Derecho de manera real. Vemos que afecta a personas, que estamos en contacto con la sociedad. Y, además, tumbamos el tópico de que la juventud no está interesada en nada de esto”, afirma Alba Ruiz, otra alumna de 21 años del mismo curso. “Lo que hemos estado haciendo no es sino política pura. Y lo hemos demostrado yendo al Congreso de los Diputados y explicándoles a los partidos nuestras ideas”, continúa Alba Ruiz.

El viaje a Madrid no ha sido el único contacto con los representantes que toman las decisiones clave de las que depende la sociedad. Por el laboratorio han pasado la consejera de Vivienda de la Junta, Elena Cortés, o el anterior defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo —todavía en el cargo entonces—, que escucharon las propuestas de los alumnos y explicaron las iniciativas que desde sus departamentos estaban llevando a cabo.