Grietas en el Estado del Bienestar

Mientras las Cortes debatían sobre la identidad, el Síndic de Greuges confirmó este miércoles que las preocupaciones de los valencianos se concentran en el deterioro que está sufriendo el Estado del Bienestar a medida que se alarga la crisis. Si hace dos semanas el Centro de Investigaciones Sociológicas ponía de manifiesto que el argumentario clásico del PP valenciano despertaba un interés cercano a cero entre los ciudadanos, que situaban como principales problemas el paro y la situación económica, los políticos y la corrupción, y la sanidad y la educación, el informe del año 2012 hecho público por el Síndic de Greuges confirma la dirección en la que se mueve la inquietud en la calle.

El mal funcionamiento de los servicios públicos, en muchas ocasiones derivado directamente de los recortes, como recuerda el Síndic, aglutina más de tres de cada cuatro quejas de los valencianos. El informe revela el brutal impacto de la recesión en el número de reclamaciones, que ha crecido un 685% desde 2007 y un 22% respecto al año pasado, hasta alcanzar las 14.585.

Los abultados retrasos de la Generalitat para evaluar el grado de discapacidad y para abonar las ayudas previstas en la Ley de Dependencia; la supresión de la atención social a familias con dificultades; los copagos y las listas de espera sanitarias; las “instalaciones obsoletas y deterioradas” en centros educativos; la eliminación o falta de respuesta de la Administración autonómica a las peticiones de ayudas para el comedor, el transporte y los libros escolares encabezan las quejas presentadas por los ciudadanos.

Calculado en grandes bloques, las reclamaciones por el funcionamiento de los servicios sociales representaron el 22% del total, seguidas de las relativas a la aplicación de la Ley de la Dependencia (15%), la sanidad (14%), transportes públicos (13%) y educación (10%). Los problemas relacionados con el valenciano supusieron el 1% de las quejas, y prácticamente todas ellas se refirieron a la exclusión de la lengua autóctona de formularios oficiales y edificios públicos, así como de las cuentas de la Administración autonómica en redes sociales.El Síndic pone casos concretos para resumir categorías de quejas. “La interesada presentó la solicitud para recibir la Renta Garantizada de Ciudadanía el 21 de junio de 2010. La petición fue resuelta el 20 de abril de 2012, es decir, 22 meses después de su presentación, cuando el plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de tres meses desde la presentación de la solicitud”, recoge el informe.

El problema no terminó ahí. La Consejería de Bienestar Social reconoció el derecho de la mujer a recibir la renta garantizada, pero solo durante un mes. El Síndic destaca que, habiendo “acreditado su situación de necesidad” la Generalitat debería haber “reconocido su derecho a percibir la prestación durante los periodos en que persistiera dicha necesidad, con la única limitación de los 36 meses establecidos como plazo máximo de concesión”.

El Síndic agrega que envió recomendaciones a Bienestar Social para evitar que se produjeran esa clase de situaciones, pero que estas “no fueron aceptadas” por la consejería.

Bienestar Social, por sus competencias, es el departamento del Gobierno autonómico que más quejas recibió el año pasado, con un 38% del total. A continuación se situó la Consejería de Infraestructuras (20%), Sanidad (14%), Hacienda y Administración Pública (11%), Educación (10%) y Economía (5%).