Fabra se niega a revisar la actuación de la Generalitat sobre el accidente del metro

Alberto Fabra ha optado por atrincherarse en el cierre de la investigación judicial sobre el accidente del metro, en el que murieron en Valencia 43 personas y 47 resultaron heridas en julio de 2006. "Está lo suficientemente cerrado judicialmente", ha alegado el presidente de la Generalitat en las Cortes Valencianas, durante una sesión de control sobre la que ha gravitado este jueves la multitudinaria manifestación de apoyo a las familias de las víctimas del pasado 3 de mayo.

"Usted debe a las víctimas una nueva comisión de investigación", le ha retado el portavoz socialista, Antonio Torres, que ha indicado que, siete años después de la tragedia, "las heridas no han cicatrizado" porque la comisión de investigación que el PP cerró en tiempo récord en 2006 "fue una farsa" y porque se han conocido aspectos técnicos que se escondieron a la juez que instruyó el caso. Gracias al trabajo de periodistas de diversos medios de comunicación y a la constancia de las víctimas, que no han cejado en sus reivindicaciones, explicó Torres, se sabe que se manipuló el suceso. El portavoz socialista ha recordado que una consultora instruyó a los técnicos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana que comparecieron en la comisión de investigación para mantener una misma versión, en lo que ha calificado de "conspiración contra la verdad y la justicia".

Precisamente en la calificación del descarrilamiento, tanto judicial como parlamentaria, de "imprevisible" y debido al exceso de velocidad se amparó Fabra, que atribuyó la declaración del exjefe de seguridad del metro cuando confesó que había sido aleccionado para ofrecer esa versión, a un "cierto resentimiento" por haber sido despedido.

"Nos avergonzamos", ha dicho el socialista Torres, de las visitas que el entonces consejero y hoy presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, hizo a las víctimas "ofreciendo puestos de trabajo" a cambio de su silencio. Fabra ha sugerido que el entonces alcalde socialista de Torrent hizo lo mismo y que elogió la actuación de las diversas administraciones. En la repregunta, el diputado Francesc Signes, del PSPV-PSOE, ha pedido directamente la dimisión de Cotino. "Yo le acuso de crueldad, sevicia e inhumanidad", ha dicho emulando a Émile Zola en el caso Dreyfus. "Y hago extensiva la acusación a todos los miembros de este Consell". La también socialista Carmen Ninet ha mantenido el mismo tono de dureza al recordar que al PP valenciano le resultó incómodo el accidente porque fue tres días antes de una visita del Papa en la que la trama Gürtel sacó tajada: "Mientras unos robaban el cepillo, otros apartaban la sotana del Santo Padre de las 43 víctimas".

Fabra ha acusado a la oposición de "traspasar una línea roja muy peligrosa" con sus críticas por el accidente del metro. Pero Marga Sanz, la portavoz de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), que también ha preguntado sobre el asunto, le ha interpelado por las responsabilidades políticas y la manipulación informativa del accidente. Fabra ha replicado que "no hubo censura informativa" en Canal 9 y ha asegurado que la televisión valenciana dedicó 26 horas a la tragedia y "cambió la parrilla de la programación". Estas afirmaciones han suscitado vivas protestas desde los escaños de la oposición. Francisco Camps, que presidía entonces la Generalitat, ha estado ausente del hemiciclo, al que sí que ha acudido la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

"Si la plaza se llena es porque algo sucede", le ha indicado Sanz al jefe del Consell, tras recordar que miles de ciudadanos acudieron a solidarizarse con los familiares de las víctimas el pasado día 3 y que ya son más de 103.000 las firmas que piden la reapertura de una comisión de investigación sobre el accidente. "Ahora sabemos muchas cosas", ha dicho la dirigente de EUPV, en referencia a informes que no se aportaron a la instrucción judicial, a la concertación de una versión única de los técnicos y a otras cuestiones. "El velo se ha roto", ha añadido.

Los socialistas piden la dimisión de Juan Cotino, presidente de las Cortes Valencianas

"Ustedes no creen en la justicia", la ha acusado Fabra, que ha vuelto a insistir en que el caso está cerrado judicialmente y ha preguntado a Sanz cuántas veces ha acudido a las concentraciones que cada día 3 celebran los familiares de las víctimas. Momento en que numerosos diputados de  la oposición le han preguntado al presidente de la Generalitat cuándo ha acudido él. El diputado Ignacio Blanco, de EUPV, ha recordado que Canal 9 fue la última televisión en informar del accidente y que ha censurado a las víctimas, hasta el extremo de que el comité de empresa de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ha pedido perdón por ello públicamente. "¿Cuándo pedirán perdón?", ha preguntado.

El vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, ha insinuado que el comité de RTVV "podía haber actuado en aquel momento" y ha añadido que "si hay algún dato nuevo" la investigación judicial se puede reabrir. "No hay mejor comisión de investigación que los tribunales", ha añadido. "¿Si volviera a circular hoy un tren del metro a 80 kilómetros por hora en lugar de 40, como ocurrió entonces, volvería a descarrilar?", ha preguntado la también diputada de EUPV Marina Albiol, sin obtener respuesta en un asunto clave como es la inexistencia de un sistema de frenado automático del convoy en aquel momento. La consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha leído parte de la sentencia que cerró el caso y que señala que no hubo "ningún fallo técnico".

La sesión de control, -que ha acabado con protestas de Esquerra Unida porque Cotino se ha negado a dar la palabra a su portavoz, Marga Sanz, que quería plantear una cuestión de orden, al considerar que el Consell no responde a las preguntas que se le formulan-, ha abordado también los impagos a la dependencia. El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha exigido a Fabra que cumpla el compromiso de pagar los retrasos y ha señalado que el reconocimiento de dependencia tarda 636 días en la Comunidad Valenciana frente a 262 días de media en España y seis meses que prevé la ley.

Fabra ha acusado a Compromís de no priorizar el gasto social en los ayuntamiento que gobierna mientras lo exige a la Generalitat, ha señalado que la ley de dependencia no está suficientemente financiada y ha reiterado que siempre se pondrá al lado de las personas más vulnerables.