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La investigación sobre las cajas pone de acuerdo a todos en el Parlamento

El Parlamento cita a Feijóo, Fernández Ordóñez, Almunia y otros 43 comparecientes

El presidente de la Xunta, en el centro, junto a Julio Fernández Gayoso, a la izquierda y Mauro Varela, a la derecha de la imagen
El presidente de la Xunta, en el centro, junto a Julio Fernández Gayoso, a la izquierda y Mauro Varela, a la derecha de la imagen ANXO IGLESIAS

Están el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y los cabezas visibles de las cajas mientras existieron, Jósé Luis Méndez, de Caixa Galicia y Julio Fernández Gayoso, de Caixanova. Y también el segundo escalafón de ambas entidades junto a los responsables de la obra social. El equipo que pilota el banco resultante, con José María Castellano al frente. Los secretarios generales de los tres sindicatos con representación en Galicia (UGT, Comisiones Obreras y CIG) junto a sus sus portavoces en las federaciones de banca. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Carlos Varela (que ha presentado una demanda contra la comercialización de participaciones preferentes a meros ahorradores); catedráticos de economía y derecho mercantil de todas las sensibilidades; exsecretarios de Estado y presidentes (que lo fueron) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los responsables de las polémicas auditorías que avalaron los balances de Caixa Galicia y Caixanova y también la fusión de estas. Y hasta el vicepresidente de la Comisión Europea, el socialista Joaquín Almunia. Los representantes de dos plataformas de afectados por la venta de participaciones (la de Marín y la de A Coruña-Santiago), que podrán hacer oír su voz en el Parlamento, por una vez sin gritar desde al otro lado de la verja.

 Todos, hasta sumar 46 nombres, están citados en la comisión de investigación que el Parlamento gallego abrió ayer para esclarecer el fiasco de las cajas y completar el relato de cómo Galicia perdió su sistema financiero. Hay algún objetivo más que enumeró el portavoz socialista, Abel Losada, “poner colorados a algunos comparecientes”, los que jugaron un papel más relevante en el hundimiento de ambas entidades. “Galicia merece una explicación de qué fue lo que pasó con estas entidades que muchos creemos que debían seguir existiendo”, advirtió el portavoz del PP, Pedro Puy, sabedor de que no todos en su partido (ni tampoco en el PSOE) comparten la opinión sobre la supervivencia de las cajas. El portavoz de Alternativa Galega de Esquerda, Xosé Manuel Beiras, y el del BNG, Francisco Jorquera, también agradecieron la actitud del Partido Popular para certificar que la comisión “empieza con buen pie”.

Por una vez, los cuatro partidos se pusieron de acuerdo entre felicitaciones de unos a otros por la generosidad a la hora de planificar el plan de trabajo. Cedió el PP, que acabó aceptando una docena de comparecencias que no tenía previstas en su propuesta inicial y aplaudió la oposición, pese a que no se colmaran todas las expectativas (los socialistas querían que pasasen por el Parlamento 200 personas). Y todo en un clima extrañablemente amable en el Pazo do Hórreo. A última hora se cayó el expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño, cuya presencia había pedido su propio partido, el PSdeG, y que el PP consideró prescindible. Sí estará el responsable de Economía en su Gobierno, el también socialista José Ramón Fernández Antonio.

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Los cuatro partidos tendrán a su disposición un océano de documentación —decenas de miles de folios—, incluida la misteriosa auditoría de KMPG que garantizó el éxito de la fusión, y tres meses por delante para sacar conclusiones. El calendario no está cerrado ni tampoco la fórmula de las comparecencias —si los portavoces podrán repreguntar al estilo de los congresistas norteamericanos que ejercen casi de fiscales o si valdrá con el clásico relatorio que se estila en este tipo de órganos en España—. Y queda también la incógnita de si los representantes del Gobierno central y otras instituciones no gallegas se pasarán por la Cámara autonómica. La ley no les obliga, tal y como dejó patente el antecedente del Prestige, cuando los altos cargos del Gobierno de Aznar se negaron a acudir y la investigación se cerró en falso.

Corrupción sin política

Todos los acuerdos que se alcanzaron para la investigación de las cajas saltaron por los aires en la sala de al lado del Parlamento gallego, donde a la misma hora se pactaba el plan de trabajo para el estudio sobre la corrupción. El Partido Popular vetó la presencia de políticos en esa segunda comisión y también la de periodistas que han destapado escándalos sonados que ahora estudian los jueces.

Entre las 29 comparecencias está la del fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, también citado en la de las cajas, jueces de todas las asociaciones, los últimos conselleiros maiores del Consello de Contas y una larga lista de catedráticos, profesores y teóricos de diferentes ramas del Derecho.

AGE y el BNG acusaron al PP de aplicar “vetos y mordazas”. El PSOE relajó los calificativos y habló de un plan de trabajo “insuficiente”. El portavoz del PP, José Alberto Pazos Couñago, recriminó al resto de partidos que pretendiesen “convertir en un circo” la comisión. “Aquí queremos hacer algo más útil”, expuso alabando “la amplísima generosidad” de su partido.

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