La Guardia Civil acusa a 11 personas por explotar una cantera en suelo protegido

El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Castellón acusa a 11 personas de supuestos delitos contra la ordenación del territorio y a uno de ellos también de un delito contra los recursos naturales. Una inspección de la Guardia Civil relacionada con el cumplimiento de las normativas urbanísticas derivó en la Operación Atalaya, que ha destapado la explotación minera de un cantera en terreno de dominio público y en el entorno de un espacio protegido.

Así, los guardias civiles detectaron una cantera a cielo abierto entre los términos municipales de Borriol y La Pobla Tornesa cuya actividad podía afectar al paraje natural del Desert de les Palmes y su zona de influencia. Según un comunicado del instituto armado, se inició una investigación en la que se detectó que la licencia urbanística de los terrenos donde se encontraba la cantera había sido recalificada de cultivo agrícola pasando a ser cultivo de especies forestales para biomasa. Sin embargo, ese cultivo "no se estaba realizando".

Los investigadores averiguaron que los terrenos en los que se sitúa la cantera son terrenos protegidos, según el plan urbanístico de La Pobla Tornesa, y cuentan con protección paisajística. Además, detectaron que la explotación del terreno afectaba a bienes de dominio público en los que se extraía pizarra y arcillas sin haberlo solicitado, con movimientos de tierra en el cauce del Barranco de la Bodega. Esta actividad irregular "pudo afectar a la biodiversidad de la fauna y flora circundante protegida por la normativa europea".

En total, se han extraído cerca de 9.000 toneladas de pizarra y arcilla con un valor aproximado superior a los 100.000 euros.

Como resultado de la investigación del Seprona se realizaron siete denuncias tramitadas a distintas administraciones, entre ellas la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de Castellón; la de Agricultura, Pesca, Alimentación y Energía de Castellón; la de Economía, Industria, Turismo y Empleo; la Confederación Hidrográfica del Júcar y los ayuntamientos de Borriol y La Pobla Tornesa.

Además, la Guardia Civil ha imputado a 11 personas como supuestos autores de un delito contra la ordenación del territorio, imputando a una de ellas además un delito contra los recursos naturales.

El alcalde de La Pobla Tornesa, Carles Selma (PSPV), ha confirmado que ha recibido este viernes la denuncia del Seprona pero no ha mostrado sorpresa por las extracciones. “A mediados del pasado año comenzamos a ver todo el trajín de camiones que entraban y salían por los caminos de nuestro municipio y lo comunicamos al Ayuntamiento de Borriol y a la Generalitat”, afirma el regidor. Según explica, desconocían que existiera una cantera pero sí sospechaban de que “se estaba haciendo algo que sobrepasaba lo que decía el expediente”.

El alcalde de Borriol, Adelino Santamaría (PP), en cambio, ha negado que conociera esta actividad. “El Ayuntamiento dio permiso para un proyecto de cambio de cultivo, estaba todo en regla”, ha indicado. Los agentes del Seprona han confirmado que la actividad no se correspondía con la licencia otorgada. Santamaría ha concretado que la cantera fue clausurada hace unos meses tras detectarse movimientos irregulares de tierras.

Por su parte, desde la Consejería de Territorio han apuntado que estudiarán la denuncia del Seprona para determinar posibles responsabilidades.

Los imputados son R.A.E., de 68 años de edad; M. A. C., de 43 años; M.G., de 27 años; A.C.M., de 44 años; A.G.G., de 35 años; S.M.R., de 33 años; J.P.F., de 58 años; J.S.P., de 52 años; M.G.B., de 36 años; G.C.T., de 46 años; V.N.M., de 55 años; todos de nacionalidad española y vecinos de Onda, La Vall d’Alba, Castellón de la Plana, Valencia y Ribarroja de Turia (Valencia). Están en libertad y las diligencias instruidas se han entregado al decanato de los juzgados de Castellón y a la fiscalía de la Audiencia Provincial de Castellón.