La juez ordena más registros y prorroga el secreto del ‘caso Pokémon’

La Operación Pokémon, en la que se investiga una trama de sobornos a políticos por parte de empresarios a cambio de contratas municipales, sigue activa ocho meses después de su estallido en vísperas de las elecciones autonómicas del pasado mes de octubre. La juez instructora de este caso y de su derivada denominada Manga, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha decidido prorrogar el secreto de sumario un mes más y ha pedido a la fiscalía que precise qué partes de la instrucción interesa separar, según explican fuentes judiciales. La juez ordenó además nuevos registros dentro de la causa. Agentes de Vigilancia Aduanera irrumpieron a primera hora de la mañana en el Ayuntamiento de Lugo para buscar información en varias dependencias, incluido el grupo municipal del PSOE, el partido que gobierna la ciudad y al que pertenecen dos de los imputados: el alcalde Xosé López Orozco y el exedil Francisco Fernández Liñares. Los investigadores sostienen que este último, que fue concejal de Economía, Seguridad Ciudadana y Urbanismo en Lugo así como presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, es uno de los cerebros de la trama.

Junta suspendida

Orozco no estaba ayer en el Ayuntamiento cuando irrumpieron los agentes. El concejal de Urbanismo, que ejerció de alcalde accidental por ausencia del regidor, Luis Álvarez, informó que los registros habían comenzado a las 8.45. La intervención policial obligó a suspender la junta de gobierno prevista, que ha sido trasladada a hoy. Álvarez aseguró que el gobierno local dio “todo tipo de facilidades para el cumplimiento” de la orden judicial de registro. “Todos los concejales y yo como alcalde accidental estamos a disposición y permanentemente localizables” para esta actuación policial, precisó Álvarez, quien se esforzó en afirmar que el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento no resultó alterado pese a la suspensión de la junta de gobierno.

Por la Operación Pokémon están imputadas una treintena de personas, entre ellas los alcaldes de Santiago y O Carballiño, los populares Ángel Currás y Argimiro Marnotes; el exregidor de la capital gallega, el popular Gerardo Conde Roa; y el exregidor de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, que dimitió tras ser detenido.