Rairiz echa el candado

En Rairiz de Veiga empieza el estertor. El golpe de la crisis, sumado al modelo de gestión, desahucia al municipio. Los vecinos asisten boquiabiertos en primera fila a esa agonía. La envejecida población de esta localidad limiana de 1.600 habitantes ocupa prácticamente al 100% (hay un pequeño porcentaje para ancianos de otros ayuntamientos acogidos a la Ley de Dependencia) el geriátrico gestionado por el Consorcio Galego de Benestar a cuyas tasas el Ayuntamiento de Rairiz no puede hacer frente. Como tampoco a las de la guardería, la Galescola reconvertida en Galiña Azul, a rebosar de niños de ayuntamientos limítrofes que llenaron el pueblo de colores y de juegos. El alcalde, Xaquín Rodríguez Ambrosio, (abandonó el BNG en las pasadas municipales para cobijarse bajo las siglas del PP desde las que gobierna como independiente) decidió rescindir los convenios con el Consorcio de Benestar de la Xunta y suprimir, además, una de las dos plazas de médicos del centro de salud. Y cundió la alarma.

La oposición —dos concejales del PSOE y uno de Compromiso por Galiza (CxG)— acusa al regidor de realizar la “nefasta gestión” de los alcaldes del baltarismo: ese dispendio en gastos de personal (él reconoce que supera el 50%, la oposición lo sitúa por encima del 60%) que evapora como el agua hirviendo el presupuesto y aboca a la quiebra de casi todos los servicios sociales. En el caso de Rairiz, PSOE y CxG ponen también sobre la mesa los 88 informes de reprobación, algunos sobre contratos supuestamente ilegales, que le ha hecho la secretaria-interventora al regidor en un solo año y piden explicaciones. Él se resiste a dárselas. Rodríguez Ambrosio decide en solitario, sin dar cuentas, amparado en su holgada mayoría. “Están siempre con lo mismo”, reprocha el regidor en declaraciones a este diario el papel de la oposición horas después de haber convocado el jueves pasado, obligado por ley, el pleno extraordinario que le reclamaron PSOE y CxG para que explicase qué va a pasar con todos los servicios sociales del municipio que ha desvinculado de la Xunta. Pero Rodríguez les puso un pleno a las 7.30 de la mañana y, una vez allí, se negó a darles detalles.

Destinó 200.000 euros a obras para una fábrica que nunca funcionó

Ahora sostiene que renuncia a los convenios con el Consorcio Galego de Benestar porque los encuentra abusivos para el Ayuntamiento: “Solo el geriátrico nos supone un coste de unos 300.000 euros anuales” del presupuesto municipal que apenas sobrepasa los 800.000. “Nosotros costeamos todo el mantenimiento de la residencia de ancianos y de la guardería y sin embargo la Xunta ingresa las tasas que cobra a los usuarios”, explica el alcalde los motivos por los que, molesto, ha decidido poner fin al acuerdo con la Administración autónoma para traspasar la gestión de los servicios al Ayuntamiento. Asegura que ha recibido llamadas de alcaldes de la provincia de distinto signo político interesándose por la fórmula que ha aplicado para desprenderse de ese lastre económico que “suponen los convenios con el Consorcio de Benestar”. La fórmula es, en su opinión, sencilla: la gestión mixta. Esa fusión público-privada que asegura que permitirá al Ayuntamiento sacar la cabeza para respirar al “reducir a la mitad los gastos”. Aunque ya ha anunciado que la guardería se convertirá en punto de atención: menos servicio y menos personal.

La oposición se echa las manos a la cabeza, vaticinaba ya hace tiempo la privatización de los servicios sociales y señalaba ya con el dedo el modo de gestión del regidor que destinó 200.000 euros del plan E para hacer el desmonte en un terreno comunal del municipio con vistas a la instalación de una planta de biogás que jamás llegó a tener la primera piedra. Los cientos de miles de euros enviados por la UE y aportados también por los sucesivos Plan E se descomponen bajo el cemento. El portavoz socialista, Eulogio Fernández, y el de CxG, Esteban Campos, aseguran que bajo la misma planchada de la que habría de ser la planta de biogás yacen también las decenas de empleos que el regidor ofreció antes de la cita electoral.

El regidor está imputado por actuar ignorando informes en contra

El considerable respaldo que Rodríguez obtuvo para acceder a la alcaldía es prácticamente proporcional al número de apercibimientos que le ha hecho la secretaria municipal: 88 en un solo año. Entre el sinfín de informes de reparo de la funcionaria destacan, según el recuento del secretario del PSOE en el municipio, Pablo Lorenzo, el relativo a las “contrataciones irregulares” del regidor que facturó dos ascensores para el geriátrico que ahora aboca al cierre aunque solo se instaló uno; o el de la subvención municipal por 83.020 euros para la construcción de un local destinado a exposición y venta de productos autóctonos que costó 118.600 euros. Pese a los reparos de la secretaria-interventora, que le alertó de que no había crédito disponible, Rodríguez miró hacia delante, pagó la ayuda y contrató al personal irregularmente, según hizo constar en su informe la alta funcionaria. El alcalde tiró también del dinero municipal que no tenía para hacer obras en la guardería saltándose el proceso legal. La secretaria también firmó informes de reparo por las facturas, por importe de más de 45.200 euros, presentadas en conceptos de “gastos de finalización” de la guardería sin que existiera informe con el visto bueno del director de obra.

Enfrascado en el nuevo modelo de gestión de los servicios sociales del que habrá de dotar al municipio y respaldado por su amplia mayoría (su grupo del PP tiene seis concejales) y por la Diputación de Ourense (le paga una asistente social “porque el alcalde prefiere que se quede en casa, cobrando”, la propietaria de esa plaza, denuncia la oposición), Ambrosio resta importancia a los reparos y a las críticas. Y ello aunque la Audiencia Provincial de Ourense haya admitido a trámite la denuncia presentada por el portavoz socialista contra el regidor al que los magistrados han imputado por prevaricación. Para la Audiencia de Ourense la actitud del alcalde en el incumplimiento de la Ley no es “una mera ilegalidad susceptible de ser corregida en el ámbito administrativo”. Los magistrados tildan de “clamorosamente contradictoria con la ley” la actuación del regidor a la vista de los múltiples reparos de legalidad que le ha hecho la alta funcionaria. Ambrosio tampoco se inmuta con esto: “Llevan años intentando llevarme por la vía judicial por esos informes pero han pasado años y aún no lo han conseguido; creo que ya debe de estar prescrito”, minimiza el alcance de la imputación.

De momento, PSOE y CxG alertan del desmantelamiento del municipio y se preguntan por el futuro de los trabajadores del geriátrico y de la guardería. El alcalde no les dio explicaciones en el pleno del madrugón. De momento, solo hace cuentas del ahorro que supondrá dar paso a la iniciativa privada para cogestionar los servicios sociales. Ambrosio cree haber encontrado una fórmula infalible: cobrar a los usuarios lo que antes se llevaba la Xunta y, además, beneficiarse de las subvenciones de la misma institución autonómica. Todo ello con menos personal y menos plazas. Y está dispuesto a difundir la nueva por todo el rural ourensano.