El juez investiga los congresos del PP de Rajoy y Camps en Feria Valencia

El instructor del ‘caso Gürtel’ requiere los contratos con El Bigotes a cuatro consejerías de la Generalitat y reclama que identifiquen a los responsables

El juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, continúa ahondando en las adjudicaciones que Orange Market, la empresa que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, recibió de la Generalitat y sus organismos hasta que la trama fue desarticulada en 2009. El magistrado, que acaba de imputar en la causa al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, dirige ahora su atención a los trabajos que la firma de El Bigotes realizó en Feria Valencia en 2008 y, a petición de la fiscalía, ha requerido a la institución “la documentación relativa a la contratación de Orange Market” en aquel ejercicio.

Entre los trabajos realizados aquel año por la empresa en el recinto ferial se contó el 16º congreso nacional del PP, en el que el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se impuso a los críticos que pedían su relevo después de su segunda derrota electoral ante el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Y también el 12º congreso del PP valenciano, que consagró el poder del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras haber liquidado a los últimos partidarios de su antecesor Eduardo Zaplana.

El requerimiento del juez puede aclarar un misterio pendiente de aquella época. Feria Valencia anotó a final de 2008 que el PP de Camps le adeudaba 568.511 euros del congreso. Pese a pertenecer al sector público, el recinto ferial se ha negado hasta ahora a explicar si le fue abonado alegando que es “confidencial”.

La investigación

-La Generalitat concedió a Orange Market y otras empresas de Gürtel 85 contratos por 7,2 millones de euros entre 2004 y 2009.

-Solo nueve fueron por concurso público, que obligan a exigentes procedimientos administrativos. Cinco de esos concursos fueron, sin embargo, amañados, según Anticorrupción, dando lugar a la llamada pieza de Fitur, en la que el juez está a punto de abrir juicio oral. En el banquillo se sentará probablemente, entre otros, la expresidenta de las Cortes Valencianas, exconsejera de Turismo, diputada y alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez.

-El resto de contratos (76) fueron supuestamente troceados para que no superasen un determinado límite económico

-El descrito como Acto Open de Tenis de 2007, por ejemplo, costó 57.040 euros. Pero la Consejería de Educación lo dividió en cinco pequeños contratos a otras tantas empresas de la trama para poder, supuestamente, adjudicarlos a dedo.

El juez Ceres investiga en la causa la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, pero también 76 contratos que la Generalitat adjudicó a dedo a Orange Market y a otras empresas de la trama. Los objetos del contrato habrían sido fragmentados para que no superasen los límites económicos que hubieran forzado a emplear procedimientos más estrictos por parte de la Administración. Con ese proceder, el Gobierno de Camps habría violado los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia que deben cumplir las Administraciones. Se trataría de un proceder similar al que, según la fiscalía, practicó el Gobierno balear en las adjudicaciones al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin.

Dentro de la pieza separada que investiga esas decenas de contratos con Orange Market, el magistrado Ceres ha requerido documentación sobre las adjudicaciones realizadas a cuatro consejerías: Vicepresidencia de la Generalitat, Sanidad, Bienestar Social y Educación. El motivo, la contratación supuestamente troceada a favor de El Bigotes con motivo del Congreso de Software libre realizado en 2005. El IV Open de Tenis que se celebró en Valencia en 2007. El acto descrito como “Balance general” que hizo la Consejería de Bienestar Social también en 2007. Así como distintos trabajos de organización y montajes que las empresas de la trama realizaron para el Hospital Clínico de Valencia en el año 2008.

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El juez instructor reclama, además, a las consejerías que “certifique sobre la persona que autorizó las contrataciones, remitiendo copia auténtica de la documentación relacionada con dichas declaraciones”.

La muy extensa contratación troceada de Orange Market con la Generalitat es conocida desde 2009. Y los indicios de delito ya fueron advertidos por la Intervención General del Estado (IGAE) en un informe que remitió a los jueces en 2010. El accidentado discurrir procesal del caso Gürtel, con varios cambios de jueces competentes, ha hecho, sin embargo, que hasta febrero de este año el juez del Tribunal Superior valenciano no haya abierto una pieza específica para investigar estas contrataciones.

El instructor también se ha visto obligado a reclamar más documentación a Bienestar Social y Sanidad. En la información remitida hasta ahora faltan, según el juez, contratos que las consejerías habrían firmado con Servimadrid y Easy Concept, dos de las muchas empresas del entramado de Francisco Correa.

Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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