Bonig: “Ilustres socialistas y comunistas podían dar sus casas para función social”

La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, presentó ayer la “nueva política de vivienda” de la Generalitat Valenciana y aseguró que ante la actual coyuntura económica, la Generalitat va a apostar por “potenciar la vertiente más social” del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), frente a lo que ha calificado de “planes de maquillaje y venta política”, en referencia al plan de expropiaciones antidesahucios de la Junta de Andalucía, cuya idea se está replicando en otras comunidades autónomas. Cataluña, que sancionará a los bancos que acumulen viviendas vacías, y en Canarias, que expropiará las viviendas vacías de las entidades financieras y sociedades de gestión de activos inmobiliarios.

“Ilustres socialistas y comunistas tienen un largo patrimonio y podían ponerlo a disposición de la función social, ellos que creen en la función social de la propiedad”, dijo la consejera al ser preguntada por la iniciativa andaluza que plantea expropiaciones del uso de viviendas a los bancos en caso de desalojos de familias en riesgo de exclusión social. La consejera ha instado a la Junta de Andalucía a que, en lugar de expropiar, ponga al servicio de los ciudadanos los 5.000 inmuebles que tiene libres. El IVVSA tiene, según Infraestructuras, 1.200 viviendas sin ocupar.

Desde una sala de reuniones acristalada con vistas al río en la 15ª planta del nuevo complejo de oficinas 9 d’Octubre, donde se ha trasladado su consejería, Bonig explicó que el IVVSA ha realizado en los últimos meses más de 7.000 inspecciones en las viviendas arrendadas “porque se están dando casos de gente que ocupa una vivienda que ya no le corresponde porque su situación ha cambiado”.

“Las ayudas a la vivienda no prescriben”, dijo Bonig al ser preguntada por la deuda de 250 millones de euros que tiene la consejería con los cerca de 50.000 beneficiarios de ayudas que según la Plataforma de Afectados de Ayudas a la Vivienda todavía no han cobrado. “Vamos a ver a lo largo de 2013 lo que podemos ir pagando”, ha sostenido Bonig.

Según el IVVSA, la morosidad de sus inquilinos ha bajado en 2012 desde el 39 al 30% de los siete millones de euros que debería ingresar anualmente por los arrendamientos.

La titular de Infraestructuras asegura que está “limpiando la situación de las viviendas que había vendido el IVVSA” ya que muchas de ellas todavía no disponían de escritura. En los últimos 6 meses se han formalizado 36 escrituras que no se habían hecho y en 2013 se formalizarán las escrituras de otras 600 viviendas.

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, instó ayer al Consell a acelerar al máximo la rehabilitación de viviendas del parque del IVVSA para ponerlas a disposición de las familias afectadas por los desahucios. “Me encargaré personalmente de trasladar la necesidad de priorizar las reformas en aquellos lugares donde se considere más urgente”, manifestó a la salida de una reunión con 16 alcaldes de municipios de la provincia de más de 5.000 habitantes.

Moliner había convocado a todos los regidores para debatir sobre las medidas a tomar después de la iniciativa promovida desde el Ayuntamiento de Onda. Del encuentro, no obstante, no se salió con ninguna propuesta formal. Fue más bien una puesta en común de todos los regidores. Posteriormente, en la junta de gobierno de la Diputación, se aprobó un acuerdo con el Colegio de Abogados de Castellón para asesorar a los afectados por las hipotecas en la provincia.

La portavoz de vivienda en Les Corts, María José Salvador, criticó la entrega de vivienda “a cuentagotas” del Consell que prometió 3.000 viviendas en 2011 y solo ha adjudicado 42.