Respaldo al freno de la Junta al gas en Doñana

IU y ecologistas mostraron este sábado su respaldo a la decisión de la Junta de frenar la tramitación del proyecto de extracción y almacenamiento de Gas Natural en el parque de Doñana por dudas sobre su impacto ambiental. Los socios del PSOE en el Gobierno celebraron la actitud de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que se enfrenta por completo a la del Gobierno central, ya que desde el Ministerio que se ocupa de las mismas competencias se aprobó que la empresa Gas Natural podía continuar con sus planes en las marismas de Huelva.

IU considera en un comunicado que la medida de la Junta es “un primer paso hacia la paralización definitiva del proyecto”, e informa que piensa seguir atento a los trámites porque cree que “estos nuevos 20 kilómetros de gaseoducto que se prevén construir en el polémico proyecto consolidarían una actividad industrial en el Parque Natural que debería desaparecer radicalmente”.

Las organizaciones ecologistas, por su lado, también respaldan la decisión de la Junta y la consideran igualmente como un “primer paso” hasta conseguir la paralización definitiva. Las organizaciones Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción ven que sus reivindicaciones por defender el parque, que es Patrimonio Mundial de la Unesco y pertenece a la Red Natura 2000, están siendo consideradas. Así lo hizo saber el portavoz de WWF en Andalucía, Juan José Carmona. “Para justificar la paralización de los trámites de este proyecto, la Junta se ha valido de los argumentos que desde WWF se aportaron desde el principio”, declaró a Europa Press. Carmona destacó además que WWF siempre advirtió de que la evaluación ambiental del proyecto “no se estaba realizando de la forma adecuada porque no se estaba realizando de manera conjunta, sino de forma individual”. Tanto IU como los ecologistas han declarado seguir estando “muy atentos” a los hechos que vayan aconteciendo respecto al trámite y al proyecto, que será gestionado por la filial Petroleum Oil Gas-España.

El PSOE andaluz también ha apoyado la decisión por “evitar un impacto negativo en una zona tan sensible”. La Junta recurre también a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo para que la situación se estudie de forma conjunta.