Vidal cuestiona la argumentación del Consell para negar contratos de RTVV

Invocar a la confidencialidad de los contratos públicos ha sido un mantra de la Generalitat, presidida por el PP, para justificar su negativa a entregar a la oposición y a los medios de comunicación diferentes contratos públicos relativos a asuntos como Gürtel, la Fórmula 1 o la visita del Papa, entre otros. Para la nueva directora general de RTVV, Rosa Vidal, esa confidencialidad no debería “operar” en los contratos públicos sometidos al control de las Cortes y de la Sindicatura de Comptes. Desde su “punto de vista” y como abogada del Estado, esa cláusula es “nula”. No en vano, en la ley de Contratos esa “confidencialidad está muy restringida”, añadió la letrada.

En la sala de la Comisión de Control de RTVV se produjo un significativo silencio, tanto en la bancada del PP como en la de la oposición. Fue una afirmación inesperada y más viniendo de un cargo nombrado con los votos del grupo parlamentario popular. El diputado socialista Josep Moreno, la diputada de Compromís Mònica Oltra y la portavoz de EU Marga Sanz agradecieron con vehemencia las palabras de Vidal, mientras desde las filas del PP, entre las que se encontraba su portavoz Jorge Bellver, no se hizo ninguna mención a ellas.

Todo vino a raíz de la pregunta de Moreno y Oltra relativa al escandaloso contrato con el periodista argentino Víctor Sera para retransmitir en castellano la Fórmula 1 en Canal 9, cuyo coste ascendió a un total de 370.000 euros. Ambos diputados se habían quejado de que aún no se les había proporcionado todas las facturas requeridas tras meses de peticiones e investigaciones.

La directora general, que se estrenaba en la sesión de control, tenía preparada la respuesta y anunció que RTVV iba a reclamar 20.000 euros más IVA a la empresa del periodista Hupa Comunicación, una sociedad limitada unipersonal (SLU) porque unos gastos de alojamiento, manutención y desplazamientos correspondientes a 2011 que no estaban contemplados en su contrato. La subdirección jurídica de la empresa estudiará el caso para iniciar una acción, agregó Vidal, quien ofreció enseñar la documentación restante.

Tras esta breve armonía entre la directora general y la oposición, Moreno cargó las tintas contra Vidal y acusó de ser una persona del PP por los nombramientos de personas afines a los populares o del despacho de Broseta, que mantiene contratos con la Generalitat, en el que trabajaba. “Yo no soy del PP”, afirmó Vidal.

La directora negó también que manifestara públicamente su intención de reducir el ERE de RTVV y por, tanto, no se sentía desautorizada por el vicepresidente del Consell, José Ciscar. Informó de que ya han salido 659 trabajadores y quedan 472 despidos que deberá firmar ella. Contestó a Enric Morera, de Compromís, que una disposición adicional de la reforma laboral permitía despedir aun habiendo aprobado oposiciones. A pregunta de Moreno, reconoció la existencia de una resolución de la Seguridad Social relativa a una consulta de RTVV para comprobar las posibilidades de indemnización de 23 cargos directivos cesantes, y se comprometió a mostrar al diputado socialista la documentación.

También dijo que los servicios jurídicos estudiarán la compra a la productora Triskel de tres documentales de ínfima calidad ténica y próximos a la ultraderecha por 600.000 euros que la Sindicatura estimó irregular. Y señaló que pagará la deuda con la productora a través del FLA, ante el estupor de Moreno. Además, Vidal felicitó a los trabajadores de Canal 9 por su profesionalidad, a pesar del ERE, al “no haber ocurrido lo que en Telemadrid”, que emitió en negro “tres meses”.