El ‘sóviet’ toma San Telmo

La derecha rabiosa ya tiene un nuevo blanco contra el que disparar sus insultos: una mujer, cordobesa, socióloga y de izquierdas. Ahora, también, consejera de Fomento y Vivienda.

Elena Cortés Jiménez ronda los 40 años. A los 18, decidió que su futuro estaba en la izquierda: se afilió a las Juventudes Comunistas de Andalucía. Hoy es miembro del Comité Central del PCA.

Al ser nombrada consejera del Gobierno andaluz el pasado año, la prensa cordobesa destacó de ella que es muy “racional” y que tiene “unos firmes principios ideológicos”.

Lo ha demostrado.

El decreto ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, presentado por Cortés y ya en vigor, ha demostrado que con fuertes convicciones ideológicas de izquierdas se pueden resolver gravísimos problemas que la derecha no quiere solucionar.

En este caso, porque va contra los bancos y los intereses de los grandes promotores inmobiliarios y en defensa de los desfavorecidos: los que están a punto de perder su casa, después de haber perdido el trabajo y la esperanza. En los últimos cinco años, han sido desalojados de sus hogares 86.000 andaluces. Como ha dicho Cortés, es hora de decir basta.

Con esta medida, el Gobierno andaluz ha colocado la utilidad social de la vivienda por encima del derecho a la propiedad. Porque la vivienda no es un activo financiero para disfrute de especuladores, sino un bien social al servicio de los ciudadanos.

Para ello, expropiará temporalmente el uso de las viviendas (de bancos y empresas, no de las personas físicas) cuando la familia que la habita corra el riesgo de exclusión social al no poder pagar la hipoteca. Es decir, de quedarse en mitad de una calle llamada marginalidad. También se penalizará hasta con 9.000 euros a los propietarios de viviendas que no las pongan en el mercado de alquiler.

La idea no es nueva. Cataluña y País Vasco lo intentaron, pero abandonaron a mitad de camino. Andalucía, que ya dio un primer paso con la ley de la vivienda de 2010, da ahora el paso definitivo. Lo que ha irritado profundamente a la derecha, que ha vuelto a ladrar con rabia.

El PP y su corte palmera dudaron primero de la constitucionalidad del decreto. Ahora descartan recurrirlo y lo ningunean. Entre medias, lo han calificado de populista, chavista-bolivariano, demagógico, extemporáneo, peligroso…

Fueron subiendo el tono hasta llegar a la memez: Cospedal llama nazis a los que practican el escrache antidesahucio; El Mundo escribía que “la demagogia y el anhelo totalitario de la Junta” ha alcanzado “cotas propias del comunismo soviético”. O sea, que el sóviet ha tomado el palacio de San Telmo.

Peligroso elemento el camarada Griñán, que pretende “socializar la propiedad privada”, cuando aquí lo único que se ha socializado en décadas han sido las deudas de los bancos, mientras los banqueros se forraban con inmorales y abultados sueldos y centenares de miles de españoles se quedaban sin casa.

El decreto además no surge en el vacío: el Tribunal Constitucional reconoció en 2007 el derecho de la Junta a expropiar terrenos agrícolas abandonados para darles un uso social. Numerosos países europeos, gobernados por la derecha (eso sí: más civilizada) aplican legislaciones tanto o más duras. Suecia llega incluso a derribar edificios con viviendas vacías.

Entonces, ¿por qué ladra la derecha? Porque la Junta cabalga. Porque el gobierno de izquierdas, al que despectivamente llaman socialcomunista, está demostrando que sí, que es posible aplicar otras recetas. Que es posible enfrentarse a los poderosos para defender a los desfavorecidos.

Como dice la consejera Elena Cortés, esa temible comunista, “hemos demostrado que las leyes no son gigantes, son molinos que deben servir a los hombres”.

@JRomanOrozco