Del Río pide consensuar una respuesta al aumento de desahucios

La crisis económica tiene su reflejo en la justicia andaluza. El pasado año, como los inmediatamente anteriores, aumentó el número de ejecuciones hipotecarias, de desahucios, de despidos y de insolvencias. Las diligencias por lanzamientos aumentaron un 40%. Ante la gravedad del drama social que supone especialmente la pérdida de la vivienda habitual, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha abogado este miércoles por alcanzar un "consenso" que ofrezca soluciones iguales a casos similares de personas afectadas por desahucios, tras el fallo del Tribunal Europeo que cuestionaba la legalidad de la normativa en España.

El presidente del alto tribunal andaluz ha aclarado que aunque cada juez es "independiente" ya ha habido reuniones tanto de juntas de jueces como en Audiencias Provinciales para buscar una solución "lo más igualitaria posible". Los datos son claros: los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos de Andalucía registraron 13.737 diligencias por lanzamiento en 2012, lo que supone ese 40% más que el año anterior. De ellas, 8.101 se pudieron llevar a cabo y 1.821 quedaron pendientes, cifra a la que hay que sumar los que se ejecutaron de forma parcial o con resultado negativo. En total, pendientes quedan unos 7.000.

Los datos los ha facilitado Del Río en la presentación anual de la memoria anual de actividades del TSJA. Pese a lo alarmante de las cifras, hay que aclarar que estas estadísticas no permiten diferenciar los lanzamientos que se producen en procesos de ejecución hipotecaria sobre vivienda habitual de aquellos que son consecuencia de decisiones que en su momento obedecieron a razones económicas de índole distinta o que se acordaron en un marco procesal distinto del de la ejecución hipotecaria (alquiler u otro tipo de deudas).

Que la pérdida de la vivienda es uno de los efectos "más perversos" que está produciendo la crisis económica y social es evidente, pero no lo es menos la "sangría de despidos" que en Andalucía ha supuesto un aumento del 24% en reclamaciones de este tipo durante 2012. Los concursos de acreedores también se han incrementado en las ocho provincias, con especial significación en Sevilla.

Durante la presentación de la actividad judicial en Andalucía, Del Río se ha referido al número de asuntos registrados en los órganos judiciales andaluces (1.916.065), similar al del año anterior, pero con una leve subida del 0,4%. "No se puede asumir resignadamente un número cercano a los dos millones de asuntos como una cifra razonable y sostenible", ha manifestado el presidente del TSJA, que ha lamentado que no se produjera "ningún avance" en 2012 en materia de administración del sistema.

El colectivo judicial está descontento y urge, según ha recalcado, "saber a ciencia cierta cuál es nuestro modelo futuro de justicia". El presidente ha lamentado que no exista un modelo sino "simples parcheos" por lo que ha reclamado mayor "receptividad" de los políticos. "El tiempo sigue ganando la partida", ha lamentado, tras destacar que la tasa de litigiosidad en Andalucía es de 226,5 asuntos ingresados por cada mil habitantes. "Seguirá siendo, un año más, la más alta de España, por delante de Madrid y la Comunidad Valenciana".

La crisis económica se sigue notando con intensidad en los datos de la justicia, como ocurre desde 2007, si bien hay órdenes jurisdiccionales, como Contencioso-administrativo, que han tenido un 25% menos de volumen de ingreso de asuntos respecto al año anterior. Los procedimientos penales suponen un año más el 77% del total, lo que evidencia que "la reforma de esta jurisdicción sigue siendo una de las asignaturas pendientes del legislador". A la jurisdicción penal se suma ahora el problema de las tasas judiciales y "su efecto huida hacia el derecho penal", ha advertido. La exclusión de las tasas en esta jurisdicción "puede determinar una mayor proliferación de denuncias y querellas criminales, ante la expectativa de exención del pago que esa misma reclamación en el orden civil devengaría". Con todo, será en 2013 cuando se note el verdadero efecto, ha aclarado.

En el análisis que cada año hace público el máximo responsable de los jueces en Andalucía, hay un apartado para macrocausas y corrupción. En los últimos años, han sido muchos los casos que han salido a la luz pública y es que "la corrupción y el blanqueo parecen haberse instalado en el día a día de la agenda judicial". "Y parece que la justicia se ha convertido en el último muro de contención para salvaguardar el sistema democrático".

Para Del Río no ha fallado tanto la legislación como su aplicación. "Resulta obvio que ha existido mala gestión de los recursos públicos y que han fallado los controles", por lo que además de apelar al trabajo de policías y jueces ha apuntado a la responsabilidad de los demás poderes. "La lucha contra la corrupción y el blanqueo no es fácil pero sí es imprescindible que no quede impune (…) El derecho penal por sí solo no resulta suficiente para resolver el problema" y ha llamado la atención sobre el ámbito administrativo.