Denunciados por envenenar a depredadores en un área de caza privada
Los infractores, vecinos de Arbeca, son los gestores del coto
Miembros del Cuerpo de Agentes Rurales del Departamento de Agricultura han sorprendido a dos vecinos de Arbeca en el momento en que colocaban diversos cebos envenenados en el área privada de caza de la localidad de Maldà (Urgell), con el objetivo de eliminar depredadores de especies cinegéticas como conejos y perdices.
Los infractores denunciados son las mismas personas que gestionaban el vedado, situados en unos terrenos municipales. Los primeros indicios de que en aquella zona se estaba usando veneno para controlar ilegalmente animales depredadores se detectaron después de finalizar el período de caza menor, cuando presuntamente los gestores aprovechaban el período de aclimatación de unas perdices de granja que posteriormente fueron liberadas. Estas aves actuaban como reclamo para atraer a los depredadores.
Las investigaciones permiten afirmar que los dos vecinos de Arbeca utilizaron cebos envenenados varias veces y en diferentes lugares una vez finalizada la temporada de caza. La rápida intervención de los agentes rurales ha evitado la muerte de muchos ejemplares de fauna salvaje. Los agentes rurales han encontrado en la zona los cadáveres de varias aves rapaces y de zorros. El veneno también provocó la intoxicación del perro de un cazador de otro coto que participaba en una cacería.
El envenenamiento de fauna salvaje puede comportar penas de hasta dos años de prisión
En este caso los cebos se hacían con bacón y longaniza mezclada impregnada con Aldicarb, un fitosanitario muy tóxico y agresivo cuya venta está prohibida y que provoca el efecto cadena al exterminar tanto a los animales que lo ingieren como a los que se alimentan de los que mueren.
Los dos vecinos de Arbeca han sido denunciados ante el Juzgado de Instrucción de Cervera, que instruye las diligencias penales por un presunto delito contra la fauna, y también ante los servicios jurídicos del Departamento de Agricultura.
El envenenamiento de fauna salvaje está tipificado en el Código Penal como un delito contra el medio ambiente y puede comportar penas de hasta dos años de prisión para sus autores, así como también la suspensión de las actividades en las áreas de caza afectadas. En los últimos cinco años se han dictado en Cataluña 13 condenas por este delito.
El uso de venenos y trampas ilegales para eliminar depredadores en áreas privadas de caza es, a juicio de las entidades ecologistas, una práctica cruel, nada selectiva y con graves consecuencias sobre las especies amenazadas y para el conjunto de los ecosistemas.
El cierre temporal del área de caza es una medida administrativa para recuperar la fauna autóctona, especialmente de mamíferos depredadores, después de comprobar que se han utilizado venenos y otros medios prohibidos para eliminarlos.
