La Audiencia Nacional confirma la primera multa por la gestión de Cajasur

La Sección Sexta de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que presentó el clérigo y exvicepresidente segundo de Cajasur, Fernando Cruz-Conde, y ha ratificado la multa de 142.000 euros que se le impuso por la mala gestión de la entidad desde 2005. Bajo su responsabilidad colegiada, la caja vivió una profunda crisis alimentada por su dependencia del sector inmobiliario, que solo terminó con la intervención del Banco de España y la posterior venta por subasta a BBK, según publicó ayer El Día de Córdoba.

Esa suma se incluye en el conjunto de multas que en abril de 2011 impuso el Banco de España a 38 miembros de la cúpula directiva de Cajasur. Las sanciones respondían a las irregularidades detectadas en la gestión de la caja. En total, se impusieron multas por valor de 2,4 millones. Cruz-Conde recibió la segunda más alta, solo por detrás de Santiago Gómez Sierra, el último presidente-clérigo de la caja controlada por la Iglesia. La multa impuesta a Gómez Sierra es de 180.000 euros. El expresidente de la entidad también recurrió la sanción.

La razón de que no todos fueran multados con las mismas cantidades responde a las responsabilidades que tenían en la dirección de la entidad: si no controlaron que se pusiese en riesgo la solvencia de la caja, lastrada por sus inversiones en el ladrillo; si desobedecieron las indicaciones del Banco de España; si no destinaron suficiente dinero a recursos propios de la entidad. Y, sobre todo, la cuantía de la sanción depende de si votaron a favor o en contra de la fusión de Cajasur con Unicaja.

La unión con la caja malagueña fue la tabla de salvación que durante meses apadrinó el Banco de España para la firma cordobesa. Pero en el último consejo de mayo de 2010, cuando apenas quedaban minutos para que se cumpliera el plazo dado por el supervisor, los consejeros religiosos, liderados por Gómez Sierra, votaron en contra de la fusión y optaron por la intervención.

En el caso de Cruz-Conde, la sentencia de la Audiencia Nacional señala que el recurrente en ningún momento pone en duda los hechos por los que se le multa, como su negativa a fusionarse con Unicaja. Tampoco cuestiona que se superaran de largo los riesgos inmobiliarios o se realizaron operaciones que supusieron un quebranto millonario a la cuenta de resultados de la antigua caja de ahorros.

La sanción excluye expresamente operaciones realizadas en 2002 y 2004 con las empresas entidades Arenal 21 (propiedad del controvertido empresario y ahora líder de la segunda fuerza política en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez Sandokán), Sermansur y Andria Inversiones. Sí incluye la compra de Arenal Sur 21, que supuso un quebranto contra resultados de 33 millones.

El exvicepresidente segundo alegó en su recurso que los problemas de Cajasur eran anteriores a su entrada en la entidad. También subrayó que no era imputable en el control interno de la firma. Y, por último, aseguraba en su escrito que el Banco de España tomó decisiones durante la etapa en que él fue directivo, que contribuyeron a la mala marcha de la caja de ahorros.

La ratificación de la multa de Fernando Cruz-Conde marca un precedente para el resto de recursos interpuestos por los otros miembros de la antigua cúpula de la caja de ahorros. Entre ellos, no solo había clérigos, sino también protagonistas de la vida política de Córdoba. Al actual alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto (PP), que ya fue sancionado por el supervisor en una etapa anterior, se le impuso una multa de 18.000 euros. A Juan Pablo Duran (PSOE), portavoz del partido en el Ayuntamiento, 44.000 euros y al anterior regidor cordobés, Andrés Ocaña (IU), 41.000.

Cruz-Conde es actualmente párroco de la iglesia del Salvador y Santo Domingo de Silos, conocida popularmente como iglesia de La Compañía.