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Competencia estima “parcialmente” la petición de UPyD sobre la privatización

El partido considera que existe "amenaza" de duopolio por la concentración de la gestión de hospitales en determinadas empresas privadas

Elena G. Sevillano

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha estimado "parcialmente" la petición que le hizo el grupo parlamentario de UPyD para que estudiara si la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud podría derivar en un duopolio de las dos mayores empresas de prestación de servicios sanitarios, Capio y Ribera Salud. Solo una de estas compañías, Capio, gestiona ya hospitales como la Fundación Jiménez Díaz (en régimen de concierto), el hospital Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el de Collado Villalba (este último, terminado pero cerrado, supone unos costes de mantenimiento de 900.000 euros al mes).

Competencia ha remitido hoy su resolución a UPyD. En ella, señala que la petición original —la realización de un informe sobre competencia en el sector sanitario en relación a los procesos de colaboración público-privada para la gestión hospitalaria y de atención primaria— "no puede ser atendida en sus estrictos términos". Sin embargo, más adelante señala que "sí puede atenderse parcialmente la petición, acusando recibo de la misma y ordenando su traslado a la Dirección de Promoción de la Competencia para su toma en consideración".

La Dirección de Promoción de la Competencia se encarga de "promover la existencia de una competencia efectiva en todos los sectores productivos y en todo el territorio nacional", señala en su página web. Depende directamente del presidente de la CNC y la apoya desde el punto de vista técnico en las funciones de investigación, estudio y preparación de informes dirigidos a promover la competencia.

UPyD registró su solicitud en el mes de enero pasado. "Nos alegra este primer paso de la Comisión Nacional de la Competencia y esperamos que sigan otros", ha asegurado hoy su portavoz, Luis de Velasco. Esta formación argumenta que en los procesos de colaboración público - privada existe "excesiva proximidad entre el poder político y el empresarial, con procesos de 'puerta giratoria' y 'riesgo moral". Asimismo, señala que de los cinco hospitales de gestión cien por cien privada que atienden pacientes de la red pública, cuatro los gestiona una misma empresa, Capio.

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El diario 20 Minutos publica hoy que tres empresas se perfilan para gestionar los seis hospitales cuya gestión se dispone a privatizar el Gobierno de Ignacio González. Según este diario, que cita fuentes presentes en una reunión de altos cargos de la Consejería de Sanidad con las empresas del sector, solo Capio, Ribera Salud y Sanitas se han interesado por los centros. Otras compañías con las que la Comunidad de Madrid había contactado (Ruber, Quirón, Adeslas, Asisa y HM Hospitales) han decidido ya que no están interesadas, añade el diario.

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Por otro lado, UPyD ha preguntado hoy en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid cuántos ciudadanos objetaron al pago del euro por receta mientras estuvo vigente durante el mes de enero. El director general de Gestión Económica, Jesús Vidart, ha asegurado que la Consejería de Sanidad aún no dispone de esos datos. Ha reconocido, según recoge Efe, que puede parecer "extraño" que así sea, pero ha añadido que el tratamiento de los datos es complejo. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) dispone de los datos de recetas desde mediados de febrero.

El portavoz socialista de Sanidad, José Manuel Freire, ha preguntado hoy al Gobierno regional por las facturas que ha emitido el Servicio Madrileño de Salud al hospital de gestión privada de Valdemoro por las asistencias realizadas a los ciudadanos que tiene asignados (y por los que cobra) en otros centros. Freire se ha quejado de la escasa información que ha obtenido cuando ha preguntado por esta cuestión en ocasiones anteriores. También ha pedido datos sobre la actividad que el hospital Gregorio Marañón envía a clínicas privadas. En respuesta a Izquierda Unida, la viceconsejera Patricia Flores ha señalado que en 2011 se hicieron 1.000 intervenciones en centros concentrados y en 2012, 1.500, según recoge Europa Press. 

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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