El juez ve “indicios sólidos” de que CDC se lucró con el desfalco del Palau

Carles Torrent, tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) hasta su muerte, en 2005, visitaba con frecuencia a Fèlix Millet en su despacho del Palau de la Música. Le llamaban a la sede del partido, en la calle de Còrsega —la secretaria sabía el teléfono de memoria— y se presentaba en el coliseo modernista en cuestión de minutos. El tesorero aparcaba el coche en la puerta y, mientras un empleado del Palau vigilaba el vehículo, él se reunía durante 15 o 20 minutos con el saqueador confeso de la institución musical. De lo relatado por una de los testigos del caso Palau “cabe razonablemente sospechar”, según el juez instructor, que “esas frecuentes y cortas visitas” (...) “eran para recoger el dinero en efectivo que Millet le entregaba”.

Las reveladoras explicaciones de esa y de otros testigos, las anotaciones en las agendas de Millet y los documentos hallados en el ordenador de su secretaria demuestran que hay “indicios sólidos y plurales”, y no “puras conjeturas”, para creer que el partido de Artur Mas se financió irregularmente a través del Palau de la Música. Así lo afirma el juez que investiga el caso, Josep Maria Pijuan, en un auto en el que confirma la fianza de más de 3,2 millones impuesta a Convergència por haberse lucrado con el desfalco de la institución.

Convergència figura en el caso Palau como responsable civil, a título lucrativo, porque según los investigadores se benefició del desvío de fondos del Palau perpetrado por Millet y quien fue su mano derecha, Jordi Montull. La defensa del partido nacionalista, que ha puesto como aval la sede central de Còrsega, había recurrido la fianza, pero el juez se ha opuesto a esa petición.

El auto de Pijuan es algo más que una simple respuesta a una petición: es un informe exhaustivo que contiene todos los indicios acumulados sobre la presunta financiación irregular de Convergència, incluidas las aportaciones de la constructora Ferrovial a cambio, según el juez, de la adjudicación de obra pública.

El dinero desviado de las arcas del Palau llegó a Convergència, describe el juez, por dos vías. La principal fueron las “entregas opacas de dinero en efectivo”, que suman 2,3 millones, entre 2002 y 2008. Al principio, el receptor de esas cantidades fue, presuntamente, el fallecido Torrent. Después, asumió esa misma tarea su sucesor, Daniel Osácar, que permanece imputado en la causa. El magistrado constata que durante esos años “se efectuaron innumerables reintegros mediante cheques al portador” en la ventanilla de la oficina principal de Caixa Catalunya, en la plaza de Antoni Maura, situada a escasos metros del Palau.

Los conserjes y ordenanzas del Palau trasladaban ese dinero desde una caja de seguridad de la entidad bancaria —“cuyo destino razonable era la custodia opaca de dinero en efectivo”, dice la resolución— hasta el recinto modernista. De una sola vez, Millet y Montull podían llegar a retirar 300.000 euros. El dinero se depositaba, sigue el juez, en una caja de seguridad del Palau. En su declaración como testigo, una de las tres secretarias de Millet declaró haber visto en aquella caja “sobres gruixudets” con billetes de 500 euros.

La segunda fuente de ingresos para Convergència provino de la “facturación mendaz” de distintas sociedades instrumentales. Entre 2007 y 2009 —año en el que los Mossos d’Esquadra registraron el Palau y pusieron fin al saqueo— las empresas New Letter y Letter Graphic facturaron al Palau 982.583 euros por servicios que no prestaron. Los testigos, de nuevo, salen en defensa de esa tesis, según Pijuan. Algunos de ellos ignoraban que existiese relación comercial alguna entre las empresas y el Palau; “por sus ocupaciones laborales”, razona el juez, “necesariamente hubieran debido tener noticia de ello”.

Es “significativamente sospechoso”, cuenta, que en las facturas no se concrete de modo alguno el tipo de servicio prestado; tampoco hay rastro material de los trabajos. Lo que los empleados sí afirman, en cambio, es que tanto New Letter como Letter Graphic eran, en realidad, una misma empresa —compartían espacio físico— y habían realizado trabajos de buzoneo y propaganda electoral para Convergència. Además, figuran pagos a Daniel Osácar a través de las facturas de esas empresas, ya que hay una correlación clara de los importes y fechas de las facturas y de los pagos al extesorero.

El juez también detalla el papel de Ferrovial y sostiene que la constructora pagó distintas sumas de dinero al partido a cambio de obras públicas que le habían sido adjudicadas en la última etapa del Gobierno de Jordi Pujol, como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro. Pijuan admite que “no existen indicios” de que esas adjudicaciones se hubieran hecho “contraviniendo la ley” y sean, por tanto, irregulares. Pero eso no quiere decir, matiza, que no existe un delito de tráfico de influencias que hubiera favorecido las adjudicaciones.

El magistrado describe los pagos a CDC a través de la institución musical

¿Cómo hizo llegar Ferrovial los pagos a CDC? A través del Palau y con la colaboración, como intermediarios, de Millet y Montull, que a cambio percibían una comisión. Las entregas se “encubrieron” como parte de las donaciones por patrocinio que Ferrovial daba al Palau de la Música. Los pagos por patrocinio “no obedecían a la liberalidad del donante”, sino al pago de comisiones.

Las reuniones de Torrent y Millet figuran en la agenda personal del segundo y en el ordenador de su secretaria Elisabeth Barberà. Allí se encontraron, además, anotaciones relativas a las obras de la Ciudad de la Justicia, adjudicadas por 263 millones. Los papeles citaban un 4% repartido entre un 0,5% y un 3,5%. Este último porcentaje es el que “se supone” que se destinaba “como comisión para Convergència”, según el juez.

Los contactos del sucesor Osácar con el Palau también eran frecuentes; en este caso, a través de Jordi Montull. La agenda de su hija, Gemma Montull, da buena cuenta de esas reuniones. En la agenda constan también hojas de cálculo con pagos a Osácar y anotaciones referidas a Juan Elizaga, de Ferrovial. Tal conexión “encuentra razonable explicación en la financiación ilegal de Convergència por parte de dicha empresa”, abunda el juez.

La representación de Convergència alegó que el auto judicial de julio de 2012 no estaba motivado y que no había indicios de la participación del partido. CDC anunció ayer que recurrirá la nueva decisión del juez, quien insiste en que los indicios están “debidamente acreditados”.