Los Casuals piden anular las pruebas en su segundo encuentro con la justicia

Los Casuals, el grupo de aficionado radicales del Barça que con el tiempo se transformó en banda criminal, juegan desde ayer su partido de vuelta ante la justicia. El de ida, hace apenas cinco meses, puede decirse que lo ganaron: la fiscalía pedía 53 años de cárcel para su líder, el carismático Ricardo Mateo, por robar y torturar a narcotraficantes. Pero los jueces rebajaron la pena a solo tres y medio y consideraron que no hubo asociación ilícita. Mateo y otras 28 personas —entre ellas, una veintena de casuals— se sientan desde ayer, de nuevo, en el banquillo de los acusados. Esta vez, por extorsionar, presuntamente, a dueños de discotecas de Barcelona. Mateo vuelve a afrontar una petición de pena estratosférica: 119 años de cárcel.

En la primera contienda, los magistrados de la Audiencia de Barcelona desmontaron la tesis de la policía y concluyeron que no había pruebas suficientes para condenarles por asociación ilícita. Ahora son otros magistrados los que se pronunciarán sobre hechos distintos: desde 2006, según la fiscalía, los jóvenes de estética skinhead se arremolinaron en torno a la figura de Mateo para cometer, “de forma sistemática y profesionalizada”, toda clase de delitos. La banda participó, según el relato de la fiscal Ana Gil, en “innumerables acciones indiscriminadas y violentas” en los ambientes “del hampa y el ocio nocturno” de Barcelona.

La estrategia era sencilla: los más jóvenes de la banda, también conocidos como minicasuals, provocaban graves altercados en discotecas. Para no repetirlos, los agresores exigían a los propietarios dinero en metálico o, bien, que dejaran la seguridad del local en sus manos. Actuaron en algunas de las discotecas más famosas de la ciudad, como Pachá, Razzmatazz o Opium.

La fiscalía atribuye a los acusados una quincena de delitos graves; en especial, agresiones a terceros 

La vía que han explorado esta vez las defensas de la mayoría de acusados, como se reflejó ayer en la primera sesión del macrojuicio, es pedir la nulidad de las pruebas que les incriminan. Los abogados sostuvieron que la autorización judicial de las escuchas telefónicas no fue proporcionada, ya que inicialmente se basaban solo en un delito de lesiones. Los pinchazos, por tanto, son nulos porque vulneraron derechos fundamentales de los casuals. También deben anularse, siempre según las defensas, los registros domiciliarios y la declaración de los testigos protegidos, que con su relato ayudaron a la policía a lanzar la operación contra la banda en febrero de 2010.

La fiscalía atribuye a los acusados una quincena de delitos graves; en especial, agresiones a terceros por encargo. Mateo, por ejemplo, está acusado de asociación ilícita, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, asesinado en grado de tentativa, lesiones y robo con violencia, entre otros. En muchos casos, las víctimas no denunciaban por “el miedo que infundía el grupo”. Gracias a la extorsión y otros negocios ilícitos, la banda obtuvo “un enorme capital”, como prueba que, en los registros, se hallaran más de 200.000 euros. Dado el perfil violento de los acusados —algunos están en prisión provisional— los Mossos d’Esquadra han diseñado un potente dispositivo de seguridad en los juzgados. Mañana empezarán a declarar los Casuals, que en el primer encuentro optaron por guardar silencio.