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El instituto de crédito de la Xunta no da ningún préstamo a empresas

El Igape tenía 50 millones de presupuesto para ese capítulo en 2012

Sede del IGAPE en Santiago
Sede del IGAPE en Santiago

El principal brazo de apoyo de la Xunta a las empresas languidece. Tras ver reducido a la mitad su presupuesto y fuertemente sacudido por las detenciones e imputaciones por corrupción de varios de sus directivos en la Operación Campeón, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) ha dejado de cumplir el pasado año su principal cometido: conceder préstamos. No otorgó ni uno en 2012 para proyectos de inversión. Y ello pese a que más de un tercio de su presupuesto de 136 millones de euros para ese ejercicio, una partida de 50 millones, estaba destinada íntegramente a la “concesión de préstamos fuera del sector público”, según recogían las cuentas públicas de este organismo dependiente de la Consellería de Economía e Industria.

“Ante un escenario de restricciones crediticias”, según reza la memoria de esos presupuestos, y en un momento en que los empresarios y autónomos padecen severas dificultades para conseguir ayuda de los bancos, el Igape se había marcado claramente, como eje de actuación y al margen de otras líneas de microcréditos y ayudas financieras para emprendedores y pequeñas y medianas empresas, paliar esa situación “mediante un fuerte impulso de las herramientas públicas de financiación empresarial”. Especifica ese texto que “además de mantener los incentivos económicos en forma de ayudas a fondo perdido a proyectos” subvencionados con fondos europeos, “el instituto, en 2012, tiene previsto mantener o incrementar otras herramientas de apoyo para la financiación empresarial, en particular la concesión de préstamos directos a empresas mediante la cooperación con el Banco Europeo de Inversiones”. El instituto otorgó 100 créditos por un importe total de unos 154,65 millones de euros. Pero fue entre los años 2008 y 2011, según aparece en el extenso listado Sobre la situación de las operaciones de préstamo a 31 de diciembre de 2012 que el Igape acaba de remitir al Parlamento gallego. El documento incluye la relación pormenorizada de préstamos directos concedidos desde 2003. Pero no aparece ninguno tramitado durante el pasado año, pese a contar en los presupuestos con esa partida de 50 millones de euros. Tampoco especifica si hubo o no solicitudes para estos préstamos. La Consellería de Economía eludió explicar, ante las reiteradas peticiones de este diario, las razones de la ausencia total de créditos directos a empresas privadas por parte de su principal ente para la promoción y mejora de la competitividad.

Un organismo virtualmente desfasado

En Internet el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) es un organismo que se quedó suspendido en el tiempo. La página web está completamente desfasada. Por mucho que en ella se proclame que este instituto dedicado a promocionar la economía gallega “está decidido a apoyarse cada vez más en las tecnologías de la información y la comunicación para prestar a los usuarios una atención ágil y sencilla”.

La última actualización de la oficina virtual del Igape es de julio de 2012. Si alguien busca en ese apartado teóricamente pensado para la tramitación telemática, se encuentra con que las últimas resoluciones definitivas de expedientes del instituto datan de hace más de seis meses, o que las notificaciones más recientes son de hace seis años, marzo de 2007. O sea, en pleno mandato del Gobierno bipartito de la Xunta (PSdeG-BNG). Su entonces conselleiro de Economía, el socialista José Ramón Fernández Antonio, y su equipo en el Igape siguen siendo quienes aparecen como “ejemplos de inversiones” de este ente público. Las ayudas a la inversiones más recientes en la web datan de hace dos años.

También figuran con fecha de abril de 2011, en el apartado de “inversiones actuales” del Igape, los préstamos a las empresas con fondos del Banco Europeo de Inversión. En cuanto a las contrataciones externas del instituto, su página en Internet remite a la plataforma digital de contratos públicos de Galicia. Y consta que no hay procedimientos en trámite, que los últimos “pendientes de adjudicar” son de hace dos años. Solo son actuales, de este mismo mes, tres “adjudicaciones definitivas” como los 10,7 millones invertidos en “la difusión del lema Galicia en vehículos eléctricos” o los casi 10.000 euros para “el suministro de material de oficina”.

Los últimos préstamos directos a empresas concedidos por este instituto datan de 2011. Fueron para proyectos financiados con fondos del Banco Europeo de Inversiones. El Igape concedió 16 ese año, aunque tres nunca llegaron a formalizarse. Prestó en total a 13 sociedades privadas 22,012 millones de euros. Solo una, Construcciones Isidro Otero, amortizó parte de ese crédito público, 148.272 euros de los 741.370 prestados. El resto de las empresas mantienen íntegra su deuda, según el balance remitido al Parlamento. Entre ellas las más beneficiadas en 2011 por esta línea de crédito de la Xunta, como son la italiana Soluciones Poligráficas, a las que se le prestó 9,65 millones para construir una nave en As Somozas; Asistencia Integral Personalizada, con 3,9 millones para su proyecto de macrorresidencia para dependientes en Bóveda (Lugo); o los también polémicos casi tres millones concedidos a Laboratorios Asociados Nupel, del principal imputado en la Operación Campeón, Jorge Dorribo. Los préstamos vivos del Igape en este apartado, es decir sin devolver, suman 21,86 millones de euros.

La situación no es mucho mejor en cuanto a la concesión de avales, “otra de las líneas de financiación” junto a los préstamos que “completan la batería de medidas” previstas como prioritarias por el Igape en sus presupuestos de 2012. Este ente público tenía capacidad y dinero liberado para concederlos el pasado año. Sin embargo, solo tramitó 22 expedientes, por valor total de 8,52 millones de euros. Pero al final solo 14 peticiones empresariales acabaron por llegar a buen puerto y la suma de avales concedidos y formalizados por el Igape se quedó en 4,36 millones de euros. Apenas la mitad del importe entregado a empresas como avales financieros el año anterior.