Baltar agota los recursos para evitar ser juzgado por los enchufes de la Diputación
El juez ha ido desestimando todos los intentos delñ expresidente de la Diputación de Ourense de paralizar la investigación
La defensa de José Luis Baltar (contra quien el Ministerio Fiscal ha presentado querella por prevaricación continuada en relación con los enchufes de la Diputación de Ourense) intenta por todos los medios evitar que el barón del PP gallego se siente en el banquillo. Primero intentó recusar al grupo provincial del PSOE, después pidió el sobreseimiento de la causa, más tarde, la nulidad de las actuaciones de la fiscalía y finalmente, la capacidad de PSOE y el sindicato Manos Limpias para personarse como acusación popular. Ante la negativa del juez instructor, Leonardo Álvarez, a aceptar estas peticiones, los letrados del cacique recurrieron. Álvarez ha dictado ahora un auto en el que se mantiene firme en la desestimación de todos los recursos e impone además a Baltar el pago de las costas derivadas de estas actuaciones.
A su defensa solo le queda la resolución de la Audiencia provincial, ante la que también ha recurrido, respecto a su pretensión de declarar nula la investigación del fiscal por considerar que no escuchó al querellado antes de emprender acciones contra él. Tras el inicial intento fallido de recusación del PSOE (destacaba un defecto de forma en el registro) la defensa de Baltar pretendió que el juez instructor sobreseyera la causa antes de que testificase el jefe del servicio de Personal de la Diputación a quien el exbarón del PP había responsabilizado en su declaración judicial —junto a otros dos altos funcionarios— de los contratos ilegales. Pero el jefe de servicio compareció y descargó toda la responsabilidad en Baltar.
El último intento pretendía invalidar las acusaciones populares de PSOE y Manos Limpias pero tampoco ha prosperado. El juez instructor también falla en su contra y reconoce el “interés general” de un partido con representación en la institución provincial en un procedimiento en el que se investigan actuaciones de un cargo público y el de un sindicato que “defiende el interés de los trabajadores”.
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