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La juez apunta al soborno de altos cargos

Alaya acusa a una consultora de los ERE de pagar comisiones a responsables de la Administración andaluza. La investigación ha acreditado sobornos a Guerrero

La juez Mercedes Alaya considera que la consultora más beneficiada por los ERE fraudulentos, Vitalia, pagó comisiones ilegales a altos cargos de la Junta de Andalucía después de obtener los jugosos contratos que le reportaron sobrecomisiones superiores al 15%, muy por encima de la media que cobran otras empresas por este tipo de trabajos. Era un supuesto intercambio de favores entre ciertos políticos y los directivos de la empresa, a partir de los beneficios generados por el fondo de los ERE que la Junta dotó con 721 millones de euros. La magistrada estima que Vitalia, propiedad del grupo Eurobank, sobornó con cohechos durante varios años a altos cargos de la Administración andaluza, aunque no da nombres.

“La empresa Vitalia obtuvo los medios suficientes para presuntamente corromper de manera continuada a cargos de la Administración autonómica, habiéndose acreditado indiciariamente hasta el momento, el caso del Sr. Guerrero”. Alaya desliza su acusación en el auto de prisión de los administradores del grupo Eurobank, Eduardo Pascual y María Vaqué, encarcelados el pasado sábado tras ser acusados de tres delitos continuados de cohecho, malversación y prevaricación y asociación ilícita, entre otros. La investigación ha concretado que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero cobró 249.000 euros gracias a 170 transferencias de dinero procedentes del holding Vitalia. Pero la juez sostiene en esta investigación, sobre la que hay secreto sumarial, que hay otros cargos de la Junta implicados por cobrar sobornos.

Alaya incide dos veces en el desvío de comisiones a políticos en el auto. La juez menciona cómo los fondos en principio se transferían desde la central de Vitalia en Barcelona hasta la oficina de Madrid, y de ahí el dinero finalizaba en Sevilla: “Se retirarían cantidades en efectivo o se ordenarían nuevas transferencias cuyo destino, entre otros cargos de la Junta de Andalucía, eran las cuentas de Guerrero”.

Las sobrecomisiones pagadas a las consultoras causaron “un enorme perjuicio a la Hacienda pública andaluza”, según Alaya. Guerrero acordaba con el ex director comercial encarcelado de Vitalia, Antonio Albarracín, la minuta para estos “gastos externos” de las pólizas de los ERE, pero la juez implica al nivel superior y destaca “el conocimiento y la autorización” de la cúpula de ambas patas de este “negocio”: Vitalia y la Consejería de Empleo. Y hace mención expresa a Pascual y Vaqué por un lado, y al consejero de Empleo por el otro.

El auto judicial no identifica a los cargos que cobraron comisiones ilegales

Sin embargo, la investigación patrimonial que llevó a cabo la Guardia Civil sobre los bienes del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y varios miembros de su familia concluyó sin indicios de un enriquecimiento ilícito, por lo que la incógnita del resto de altos cargos beneficiados junto a Guerrero sigue sin despejarse. Fernández estuvo en prisión preventiva entre abril y agosto pasados. Mientras, el otro exconsejero de Empleo al que la Guardia Civil ya ha señalado por su “papel esencial” en ciertas subvenciones espinosas, es el diputado nacional del PSOE José Antonio Viera. De momento, Alaya no ha definido su implicación, y si lo hiciera debería inhibirse en favor del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado de Viera.

La Guardia Civil resuelve todas las dudas ahora planteadas en el grueso atestado que presentó a la juez para que esta autorizara las 22 detenciones de la Operación Heracles. El atestado se conocerá tan pronto la juez levante el secreto de sumario sobre las actuaciones. “Las piezas del puzle comienzan a encajar”, ha escrito Alaya para definir el estado actual en que se encuentra esta compleja investigación.

Alaya censura que las mutualidades del grupo Eurobank —Personal Life, Norton Life y Fortia Vida, disuelta e intervenida por la Generalitat— carecían de autorización para realizar operaciones de seguro fuera de Cataluña, por lo que las pólizas suscritas con la Junta serían irregulares. Así lo destaca en su informe aportado al caso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

La magistrada resume la actividad supuestamente delictiva de Vitalia: “Sobrecomisiones por encima de la media del mercado, introducción de intrusos (prejubilados ajenos a las empresas beneficiadas), colocación de testaferros al frente de algunas sociedades, pagos de comisiones a terceros por dar trabajo a Vitalia”.

La consultora enviaba fondos a su oficina en Madrid y de allí a Sevilla

Esta consultora, según la juez, repartió “abultadas sobrecomisiones” por 4,2 millones de euros a UGT y CC OO a través de sus corredurías ITG y Atlantis. El intermediario Juan Lanzas, amigo de Guerrero, recibió 1,9 millones en transferencias, 455.000 euros a través de dos pólizas para él y su esposa, y finalmente 4,5 millones a través de empresas de mensajería que usaba como firmas pantalla y realizaban facturas falsas. Para ello, Lanzas utilizó cuatro testaferros, dos de los cuales están en prisión y otro ha estado encarcelado un mes y acaba de salir en libertad con cargos tras pagar la fianza. El cuarto está en libertad con cargos.

El dúo Pascual y Vaqué utilizó en el grupo Eurobank testaferros de diversas nacionalidades para al menos 41 empresas pantalla, como Moutaz Al Mokhtar Kasem. Los empresarios están imputados de 11 delitos cada uno en el caso Eurobank, donde han sido procesados otros 13 exdirectivos y afrontan penas de entre cinco y siete años de cárcel pedidas por la fiscalía.

En su declaración ante Alaya, ambos exdirectivos alegaron desconocer las irregularidades y coincidieron en culpar de los sobornos a su exsubordinado Albarracín, que supuestamente se lucró y dirigió la mayoría de los pagos ilegales. Pascual se definió como un simple asesor del dueño de la empresa, Joan Vila. Los investigadores no han detenido a este empresario andorrano, supuesto responsable de la descapitalización de Fortia Vida, que dejó un agujero contable de 50 millones.

La juez suspendió este lunes las dos declaraciones judiciales previstas de los responsables de Uniter y el bufete Estudios Jurídicos Villasís. A continuación, la Fiscalía Anticorrupción dirigió un escrito a Alaya para que le informe cuanto antes de la fecha prevista para retomar las declaraciones.