La Xunta insta a NCG a que no interrumpa los arbitrajes por preferentes

Uno de los reproches que con más insistencia dirigen ahora a la Xunta los afectados por las preferentes es que le vendiesen optimismo en las semanas previas a las elecciones autonómicas de octubre. En aquel momento, se resolvían hasta 300 solicitudes de arbitraje al día y el Gobierno gallego ofrecía una esperanza para que los ahorradores recuperasen la totalidad de su dinero. Desde entonces, el ritmo de los arbitrajes ha bajado ostensiblemente y el pasado viernes llegó el mazazo anunciado: una quita media del 43% para los afectados de Novagalicia Banco (NCG), que será mayor cuando las acciones de la entidad que les entreguen ahora se puedan canjear por dinero líquido dentro de unos meses. Pero la Xunta sostiene que todavía hay margen para que muchos ahorradores no pierdan nada. Y promete que insistirá a los responsables de NCG para que no interrumpan el arbitraje.

 Un día después de que la cúpula del PP se rodease de un impresionante cinturón de guardias civiles para evitar las iras de los preferentistas en Silleda, el conselleiro de Economía e Industria intervino ayer para mandar un mensaje tranquilizador a los afectados. La Xunta, explicó Conde en declaraciones a la Radio Galega, está “trabajando” con el Gobirno central para establecer “perfiles de ahorradores” que pueden todavía solucionar su caso a través del arbitraje. Al mismo tiempo, el conselleiro instaba a NCG a que “continúe aceptando casos para que sean solucionados por la mediación”. Las decisiones de NCG, de todos modos, están mediatizadas por las directrices de su propietario, el FROB, que acaba de aprobar la quita.

El conselleiro distinguió entre “ahorradores” e “inversores”. A estos últimos les ofreció como salida el recurso a la vía judicial. Ayuntamientos del PP ya han anunciado que darán cobertura jurídica a los preferentistas que demanden.

El sistema de arbitraje se implantó en Galicia antes que en ninguna comunidad y ha permitido a unas 15.000 personas recuperar todo su dinero. Pero quedan otros 60.000 casos sin solución. En los tres meses transcurridos desde que se emitieron los primeros laudos arbitrales hasta las elecciones autonómicas de octubre, se resolvieron 9.000 solicitudes. En los cinco meses que han pasado desde entonces, se han solucionado menos de 6.000.