La Fiscalía pide 20 años de cárcel para dos miembros de Resistencia Galega

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un escrito de acusación contra cuatro presuntos miembros de Resistencia Galega a los que atribuye delitos de terrorismo con el objetivo de "lograr la independencia del territorio histórico de Galicia y una parte del norte de Portugal". El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, está dirigido contra Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega, para los que el Ministerio Público solicita 20 años de cárcel, y Antón Santos Pérez y María Osorio López, que se enfrentan a una pena de 12 años de prisión.

A los acusados, que fueron detenidos en noviembre y diciembre de 2011 con la sospecha de que querían atentar el Día de la Constitución, se les atribuyen los delitos de participación en organización terrorista y falsificación de documento oficial con finalidad terrorista, a los que hay que sumar el de tenencia de aparatos explosivos en los casos de Vigo Domínguez y Rodríguez Fiallega. Según el escrito provisional de acusación, los cuatro formaban parte de Resistencia Galega con el objetivo de subvertir "el orden constitucional" en esta comunidad autónoma, establecer "unas señas de identidad gallega" y reivindicar "la defensa de la tierra y el medio ambiente", para lo cual justificaban "el empleo de la violencia contra las personas y los bienes".

A las 8.15 horas del 30 de noviembre de 2011, Rodríguez Fiallega acordó una reunión con Vigo Martínez en la confluencia de la calle Islas Canarias con la Gran Vía de Vigo para entregarle tres termos metálicos de unos 25 centímetros de altura y 12,5 de diámetro en cuyo interior había 2.394, 1.744 y 1.860 gramos de explosivo, respectivamente. Tras recoger los artefactos, Vigo Domínguez emprendió un viaje en coche aunque fue interceptado por la Policía Nacional sobre las 9.15 horas en el peaje de la autovía AP-9, en la localidad de Teo, perteneciente a Santiago de Compostela. A los otros dos acusados se les incautaron sendos ordenadores en los que guardaban fotografías de acciones violentas reivindicadas por el entorno independentista de Galicia, así como textos relacionados con la organización AMI.

Según un auto del juez Eloy Velasco, la organización funciona a partir de dos estructuras: una ilegal que se encarga de trabajar a nivel operativo e ideológico y planificar los actos terroristas; y otra legal compuesta por organizaciones que dinamizan la estrategia diseñada por la sección clandestina, entre las que se encontrarían AMI y otras como el Colectivo de Presos Independentistas Galegos (CEIVAR), Espacio Irmandinho o AMAL.