Los dueños de la mina culpan del daño ecológico a la presión de la obra del Gaiás

En la cantera de Muras que vistió de cuarcita la Cidade da Cultura hasta que ya no dio más de sí por mucho que la exprimieran nadie daba órdenes y nadie sabía nada. Allí la plantilla solo conocía quién pagaba a final de mes, la UTE Campo-Ipisa, que se hizo con un contrato de la Xunta, por 6,6 millones, para suministrar piedra al Gaiás; pero los trabajadores no tenían claro quién mandaba. Lo peor es que tampoco lo sabían, si se tiene en cuenta las declaraciones de los acusados ayer en el juicio celebrado en la Audiencia de Lugo, los jefes del negocio.

Todos los testimonios caminaron en la misma dirección: había seis cuadrículas mineras sobre las que tenía derecho la familia del exalcalde popular de Ortigueira Antonio Campo; existía una fuerte demanda, presión y prisa por parte una obra gigantesca que era el sueño dorado de Fraga; y nadie había caído en la cuenta de que era necesario respetar los límites impuestos por una declaración de impacto ambiental. Uno de los acusados llegó a alegar ante el juez, en una vista que duró mañana y tarde y se extendió hasta bien entrada la noche, que no sabía que la cantera Angelita lindaba peligrosamente con el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Serra do Xistral. Según la fiscalía, la explotación invadió 1,2 hectáreas del paraje protegido para satisfacer los caprichos del complejo que diseñó Eisenman.

El fiscal pide cinco años de prisión por un delito contra el medioambiente para los empresarios Pablo Campo, Siro Vega y el ingeniero Manuel Pajón. Los dos primeros eran socios, junto con el político Antonio Campo y Alberto Vega, de Piedra Natural de Muras, SL. El tercero, era director facultativo de la cantera. Según el ministerio público y la acusación particular, la asociación ecologista Adega, la extracción de cuarcita incumplió todas las disposiciones de la declaración de impacto, se hizo sin permiso municipal ni de la Xunta e invadió terreno sensible, protegido y prohibido.

En la vista oral, Pablo Campo, condenado a más de un año de cárcel en 2009 por otro delito, esa vez contra el patrimonio histórico, se descargó de culpa asegurando que no tenía conocimientos técnicos para explotar la cantera. Incluso dijo que “desconocía” el domicilio social de Piedra Natural de Muras. El hermano del exalcalde aseguró que no tenía noticia del LIC, y admitió que “la mayoría de la actividad era para la Cidade da Cultura”, pero que la mina no era “rentable”. Siro Vega reconoció que la explotación de cuarcita “había sido una buena idea”, teniendo en cuenta las obras del Gaiás. Y Pajón confirmó que había sido el anterior quien lo había contratado e insistió en que él creía que el proyecto era “respetuoso” con el medio.

Como testigos, además de agentes del Seprona, personal de la cantera y expertos del Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (un organismo mixto de titularidad universitaria pero integrado también por varias consellerías), prestaron declaración Antonio Campo y su otro hermano, Epifanio, auténtico titular de los derechos mineros entre 1998 y 2006. Ellos, aseguraron, tampoco sabían nada. El exalcalde reconoció que oía hablar en las reuniones familiares de la cantera y nada más.

Ningún responsable de la Xunta acudió para explicar por qué se dejó que esta firma le surtiese cuarcita pese a saber que era ilegal y contar con un informe que alertaba de que la piedra no bastaría para el Gaiás. Un portavoz de Adega, Daniel Vispo, calificó de “escandaloso” que la Administración no actuase y el caso tuviese que llegar a juicio. El ecologista cree que los hechos evidencian la “connivencia” del Gobierno de Fraga para con la familia Campo.