La juez absuelve a los dos profesores de la UPV acusados de matricular a etarras

La juez ha absuelto a los profesores de la UPV Xabier Aierdi y Enrique Antolín, que fueron juzgados la semana pasada acusados de permitir que estudiasen en la universidad pública dos etarras deportados. El fiscal pedía para cada uno de ellos ocho años de inhabilitación por prevaricación administrativa.

La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbao, en una sentencia fechada ayer y difundida hoy, considera que en la actuación de los dos docentes ni elementos objetivos ni subjetivos que avalen la comisión de dicho delito, por lo que solo puede concluir dictando la absolución de Aierdi y Antolín. Contra el fallo las acusaciones —la fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Voces contra el Terrorismo— pueden recurir ante la Audiencia de Bizkaia.

La UPV y el centro de Bergara de la UNED firmaron en 1988 un convenio para que alumnos presos en España pudieran estudiar una carrera en la primera, que se extendió después a los reclusos en Francia, fundamentalmente de ETA. A ese sistema se incorporaron dos etarras deportados por Francia: Ángel María Lete, enviado en 1985 a Cabo Verde, donde falleció en 2002, y Belén González Peñalva, deportada en República Dominicana entre 1989 y 1999 y quien hoy cumple prisión atenuada en España al padecer un cáncer.

Antolín era responsable de los alumnos presos y Aierdi fue tutor de ambos etarras mientras cursaron estudios en la UPV. El fiscal consideraba que su incorporación y mantenimiento en ese sistema para que fuesen alumnos de la universidad pública resultaba “arbitraria” y se hizo “sin cobertura jurídica alguna y sin recabar la autorización” de quienes fueron sucesivamente rectores de la UPV en ese tiempo: Pello Salaburu y Manuel Montero.

La UPV, que se volcó en respaldar en ambos docentes en el juicio, ha mostrado en un comunicado su satisfacción por el fallo.

“Esta sentencia absolutoria supone un paso trascendental en la larga polémica que pretendía señalar un comportamiento irregular de la Universidad en el desempeño de su labor docente”, agrega el texto. Y recuerda que las acusaciones a Aierdi y Antolín determinaron la apertura de diligencias en 2005 y, con ellas, la revisión de más de 500 expedientes académicos, la declaración de 36 personas, entre personal de administración y servicios, docentes e investigadores y cargos académicos como rectores, decanos y vicedecanos, imputadas por prevaricación y falsedad documental, imputaciones que se levantaron a lo largo de la instrucción, y la comparecencia como testigos de otras 18.