Juicio a un hombre que se fue al Caribe con su hijo menor y trajo un kilo de coca

Julio Manuel Garrido Casas, un vecino de Pontevedra de 46 años, será juzgado por la Audiencia Provincial, acusado de traer de República Dominicana más de un kilo de cocaína en bolas ocultas en el interior de su organismo, una de las mayores dosis de esta sustancia interceptadas a un mulero. El viaje lo planeó con otros tres presuntos traficantes de la ciudad, después de que uno de ellos, de nacionalidad dominicana, se ofreciera para contactar con proveedores de droga que operaban en el Caribe y concertar el envío.

Tras mantener varias reuniones para ejecutar el plan, acordaron que se repartirían a partes iguales los 34.000 euros que iba a generar la venta de los 1.156 gramos de cocaína en dosis en el mercado negro de Pontevedra. El grado de pureza de la droga que iban a importar no superaba el 60%. “Para asegurar el éxito del plan y pasar más desapercibido en los aeropuertos”, señala el fiscal antidroga en su escrito de acusación, Garrido decidió viajar con su hijo menor de 11 años, que le acompañó en todo momento.

En la madrugada del 19 de diciembre de 2011 ambos se desplazaron hasta Madrid en coche, donde el mulero recogió los billetes que le entregó un contacto y tomó un avión con el niño con destino a Punta Cana. Después de nueve días en República Dominicana, Garrido fue interceptado por los controles del aeropuerto de Barajas al detectar el escáner cinco bolas de cocaína en medio de su ropa interior, que supuestamente había adquirido para consumo propio. La policía le realizó una placa radiológica en la que se localizaron más bolas de tamaño similar dentro del organismo. El detenido fue trasladado inmediatamente a un centro hospitalario para que expulsase la droga. Eran 96 bolas. En Pontevedra fueron detenidos los otros tres implicados: Eugenio García Fernández, de 48 años, con numerosos antecedentes penales; Juan Manuel Carballo Piñeiro, de 46 años, y el dominicano Daniel Jiménez. En el juicio señalado para el 4 de abril, el fiscal solicitará para cada uno cinco años y tres meses de prisión y una multa de 100.000 euros.