¿Un acuerdo de financiación?

El actual modelo de financiación autonómica es lesivo para nuestra comunidad autónoma. Es el consenso generalizado entre los economistas y los políticos de cualquier signo.

Efectivamente, tomando como base los principales indicadores de los recursos de los que se dispone y el lugar que se ocupa en la distribución de la riqueza nos encontramos con que la financiación por cápita en el caso valenciano es un 10% inferior a la media estatal mientras que el Producto interior Bruto (PIB) per cápita también es un 10% inferior. Ello no se produce en ninguna otra comunidad autónoma y es absolutamente contradictorio con un sistema justo y solidario ya que, si la riqueza es inferior, la aportación debería ser superior para ir convergiendo.

Es la consecuencia del tópico del “Levante feliz” y de la falta de consistencia de los planteamientos del PP y el PSOE al respecto, que siempre se han resumido en ser reivindicativos sin convicción cuando el Gobierno de Madrid es de signo contrario y aduladores sin reparo cuando lo es del mismo partido.

Los datos actuales son impresionantes y evidencian una Generalitat en quiebra: en el cierre de presupuesto de 2012 se ve cómo durante el año ha habido unos ingresos de 10.600 millones de euros y unos gastos de 14.980. Por si fuera poco, la deuda se ha incrementado en el año en 6.600 millones de euros haciendo inviable cualquier plan de ajuste, que queda anulado por el superior incremento de las partidas destinadas a pagar la deuda.

Tal situación es insostenible, ha de ser modificada y para ello se requiere credibilidad, un consenso amplio y una posición fuerte.

En Compromís reclamamos un acuerdo de este tipo, con principios de solidaridad, autonomía y suficiencia financiera como se requiere en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y con compromisos de gestión transparente y honesta, tanto respecto a los ingresos como a los gastos, con una solvencia que solo se conseguirá estableciendo un proceso de aclaración pública y exigencia de responsabilidades de todo lo malgastado, de establecimiento de mecanismos de control verificables y de rendición de cuentas periódica y transparente, así como de determinación de la parte de la deuda claramente ilegitima que no se puede aceptar como carga a la ciudadanía. Y con voluntad de éxito por contar con una defensa clara que anteponga siempre la legitimidad de la demanda de mejora de la financiación a intereses partidistas de unos u otros.

Ha de quedar claro que se ha tenido un sistema discriminatorio de financiación con la autonomía valenciana durante años (14.000 millones de euros por lo bajo), que los esfuerzos se han de hacer de manera equilibrada con mayor aportación de quien más posibilidades y recursos tiene orientándose hacia un modelo sostenible, que estos recursos no se van a destinar ni a pagar deudas ilegitimas ni aeropuertos sin aviones y que la posición valenciana se defenderá con lealtad a los acuerdos hasta conseguir un marco de relación Estado-Generalitat que incorpore los criterios de equidad y solidaridad que se definen en los textos legales.

Ese es el acuerdo de financiación que necesitamos y el que impulsamos desde Compromís, teniendo en cuenta que lo importante son las personas, los valencianos y valencianas que contribuimos como quién más y que sufrimos en demasía los efectos de los desgobiernos, las discriminaciones y las estafas.

Mireia Mollà es diputada en las Cortes Valencianas y portavoz de Economía de Compromís.