Alperi y sus líos con la justicia

Luis Díaz Alperi (Oviedo, 1945) es tan conocido en política como en los tribunales. El exalcalde de Alicante atesora un amplio historial por sus actividades privadas y políticas. Desde 1995, los casos se han ido sucediendo: Alivacsa, Mercalicante, aparcamientos o Brugal, entre otros. Ahora, el todavía diputado autonómico del PP se enfrenta a una denuncia de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y por falsedad documental. Alperi, por ahora, ha salido indemne. Hábil en las distancias cortas, a este avezado jugador de mus da la impresión que se le empiezan a complicar las cosas.

Díaz Alperi siempre ha dado que hablar. Cuando accedió a la alcaldía, en 1995, arrastraba asuntos pendientes de su pasado empresarial, como una sentencia ratificada por la Audiencia Provincial del caso Alivacsa que le condenó a pagar una deuda bancaria superior a los 18 millones de las antiguas pesetas. El alcalde esquivó la orden de embargo declarándose insolvente. La denuncia acabó difuminándose.

Ya superado el ecuador de su segundo mandato, una auditoría reveló irregularidades contables en Mercalicante entre 1999 y 2001. La investigación judicial constató que los proyectos de construcción de cámaras frigoríficas y un sistema de venta electrónico fueron la tapadera de un desfalco de 6 millones de euros. La jueza Cristina Castro imputó a los principales directivos de Mercalicente, al primer edil y a dos concejales, Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant. Con todo ello, Díaz Alperi consiguió una tercera mayoría absoluta en el 2003.

El tercer mandato concentró los focos de la justicia sobre él. El consistorio adjudicó al máximo contratista de la ciudad, Enrique Ortiz, la construcción y explotación de tres aparcamientos en el centro. La modificación del contrato entre Ayuntamiento y constructor acabó con la imputación de Díaz Alperi, su protegida política y edil de Urbanismo, la actual alcaldesa Sonia Castedo, y el edil de Tráfico y ex asesor de la consejería de Sanidad, Luis Concepción. Es el llamado caso de los aparcamientos, que según el ministerio fiscal supuso un quebranto a las arcas municipales de 2,2 millones de euros. Con esta nueva imputación, las alarmas se dispararon en el PP en septiembre de 2006. Quedaba un mes para la elección del candidato popular a la alcaldía y campistas y zaplanistas luchaban por el puesto. En el currículum de Díaz Alperi constaban tres imputaciones conocidas, dos candentes entonces (Mercalicante y el caso aparcamientos) y la prescrita. Por si no fuera suficiente trama, meses después trascendió que el alcalde y su protegida Castedo denunciaron haber recibido misivas amenazadoras. El sobre que recibió cada uno incluía una bala y un escrito: “Se acabó tu tiempo, márchate”. Pero no lo hizo. Fiel a su idiosincrasia de lobo solitario, el que subiera al poder en plena ola zaplanista acabó haciéndose con su cuarta alcaldía con el apoyo campista.

En su primer mandato, se declaró insolvente para esquivar un embargo

En la recta final de campaña durante 2007 no dejaron de surgir datos truculentos. El caso de Mercalicante languidecía por la lentitud judicial y en el caso aparcamientos el fiscal Felipe Briones pidió investigar las viviendas de los hijos de Alperi, tres chalets adosados que meses atrás constaban como propiedad de Viviendas del Mediterráneo (la mitad del accionariado entonces era de Enrique Ortiz).

El 27 de mayo Alperi ganó de nuevo las elecciones. Esta vez la distancia con la oposición fue mínima pero otra vez gobernaba con mayoría absoluta. También fue elegido diputado y, por tanto, consiguió su condición de aforado. Díaz Alperi cogió aire. Los dos casos por los que estaba imputado deberían resolverse en el TSJ. La carambola se produjo: en febrero de 2008 el TSJ le absolvió por el caso de los aparcamientos. A él, a Castedo y a Concepción.

En su último mandato, Alperi compró el 50% de la mercantil Andarx Bussines al promotor Antonio Solana. Al mes, la sociedad adquirió un yate por 600.000 euros. En septiembre dejó la alcaldía en manos de Castedo. Desde su butaca autonómica, Díaz Alperi vió cómo en febrero de 2009 el juez del TSJ, Juan Montero le eximía de las imputaciones de Mercalicante. A él, a Zaragoza y a Rodríguez Galant —que acabaría dirigiendo la Ciudad de la Luz—. El juez mantuvo a los directivos encausados.

A partir de aquí, silencio casi absoluto del diputado. Cerró la boca y se refugió en su escaño. El calvario judicial de Alperi aumentó con los casos de corrupción Brugal y Gürtel. En ambos está implicado, en el primero incluso está imputado junto al empresario Ortiz y la actual alcaldesa, Sonia Castedo. El TSJ investiga si los políticos del PP ofrecieron información reservada sobre el PGOU de Alicante al promotor.

En 2010 completó la compra de una empresa que tenía dos yates

En una conversación del 3 de noviembre de 2009, incluida en el sumario de caso Gürtel, figura que Díaz Alperi regaló un reloj de 24.000 euros al entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. Y en Brugal, Alperi compró en febrero de 2010 el 49% restante de Andarx Bussines al empresario Antonio Solana por 1.500 euros quedándose con los dos yates de la empresa.

En 2011 comenzaron a cambiar las tornas para el diputado: este diario descubrió que Hacienda ejecutó en 2007 un aval de 886.032 euros presentado por el alcalde en el 2005, diez años después de su supuesta declaración de insolvencia. Cuando EL PAÍS le preguntó cómo consiguió el aval, secamente, contestó: “No tengo ninguna declaración que hacer”. 2011 es también el año que el caso Brugal llegó a Alicante. El caso nació en la Vega Baja al investigar una supuesta trama político empresarial vinculada al negocio de las basuras. La grabación de conversaciones telefónicas al promotor Ortiz involucró al ex alcalde, Alperi y a la actual alcaldesa, Sonia Castedo. Esta semana la fiscalía del TSJ ha presentado una denuncia contra el exalcalde por tres delitos fiscales