El FROB dice que la liquidación de Banco Valencia hubiese generado más pérdidas

El administrador provisional del Banco de Valencia, José Antonio Iturriaga, ha asegurado este jueves durante su intervención en la junta general que comprende la "decepción" de los accionistas y depositantes al tener que admitir que "no resulta viable como entidad financiera independiente", pero ha resaltado que con el proceso de reestructuración realizado, que ha culminado con su integración en Caixabank, "se han podido salvaguardar los intereses de depositantes y clientes".

De hecho, una decena de accionistas y depositantes del banco, algunos de ellos pertenecientes a la plataforma Adicae, se ha concentrado a las puertas del Palacio de Congresos de Valencia con pancartas en las que aludían al "fraude" en el canje de obligaciones y subordinadas. Así, han destacado que son "ahorradores, no inversores" y han reclamado soluciones "ya".

El administrador, nombrado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras la intervención del banco valenciano, ha comenzado su discurso recordando la junta de accionistas de 2012, que constató la "precaria situación patrimonial" de la entidad, y ha apuntado que en los últimos 12 meses se ha ejecutado el plan de resolución de la misma, que ha culminado con la venta a Caixabank.

Esta operación de compraventa se sometió a tres condiciones: la inyección de 4.500 millones de euros por parte del FROB, la implementación de medidas de gestión y el traspaso de los efectivos dañados a la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Ha recordado, al respecto, que primero se ejecutó una reducción de capital de 1.043 millones a través de la reducción del valor de las acciones y después se inyectaron los 4.500 millones del FROB. Asimismo, el traspaso de los efectivos a la Sareb se efectuó el 31 de diciembre de 2012 por un valor neto de 1.962 millones y tras este la exposición neta al sector inmobiliario se ha reducido al 2%.

Asimismo, en febrero la comisión rectora del FROB acordó la recompra de la totalidad de las participaciones preferentes y emisiones de obligaciones subordinadas con una quita para sus tenedores del 90 y 85 por ciento, respectivamente. Todas estas medidas, según Iturriaga, se han ido implementando, para que la resolución de Banco de Valencia "suponga el menor coste para el constituyente" y para "repartir la carga".

Así, aunque ha admitido que estas resoluciones han supuesto "un duro golpe" para los inversores al tener que "soportar los costes", ha recordado que "dada la inviabilidad" de Banco de Valencia en el momento de su intervención y los resultados de la evaluación de Oliver Wyman, "nadie ha soportado pérdidas superiores a las que hubiera soportado si la entidad hubiera sido liquidada" y que era "la única solución para una entidad inviable" y para "evitar un proceso liquidatorio".

Banco de Valencia registró en 2012 pérdidas de 3.613 millones de euros, de los cuales 1.350 millones fueron compensados por la reducción de capital en ejecución del plan de resolución, lo que arroja un balance de 2.263 millones que se aplicarán a resultados negativos.

Ha explicado también que la administración provisional ha iniciado un proceso de racionalización de la estructura del banco, con dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que han afectado en 2012 a 360 empleados y a otros 795 trabajadores más previstos en 2013.

A su juicio, era un ajuste "necesario" y aunque tiene "un evidente carácter traumático para los afectados" ha permitido mantener en sus puestos, según ha resaltado, a aproximadamente el 50 por ciento de la plantilla.

Responsabilidad

Iturriaga también se ha referido a la acción social de responsabilidad aprobada en la junta general del pasado mes de mayo contra el expresidente José Luis Olivas y Bancaja -a la que representaba en el consejo-, el ex consejero delegado Domingo Parra y Bancaja Seguros, Antonio Tirado y Valenciana de Inversiones Mobiliarias, y contra Aurelio Izquierdo, como ex consejero delegado y expresidente.

En cuanto a la interposición de esa medida, ha indicado que decidieron "aplazarla" después de que "alguno de los consejeros cuya responsabilidad se pretendía exigir" impugnase ese acuerdo de la junta, al considerar que "desde el punto de vista meramente procesal, esa acción habría quedado suspendida hasta la resolución de esa impugnación".

"Se consideró preferible esperar al resultado", ha subrayado Iturriaga, quien ha recalcado que "no por ello se ha dejado de revisar en profundidad la labor realizada por anteriores gestores "y que, de hecho, ese análisis se ha "traducido en la interposición de procedimientos penales" para exigirles responsabilidades por su actuación en la entidad intervenida y adjudicada después por un euro a Caixabank.