El fiscal mantiene la petición de cuatro años de cárcel por el presunto espionaje

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha mantenido en sus conclusiones tras las declaraciones de más de 40 personas a lo largo de tres días la petición de cuatro años de cárcel para Aitor Tellería y los dos ertzainas acusados de violación de secretos, Carlos Lau y Jesús Acha, por el supuesto caso de espionaje a políticos y empresarios.

Izaguirre ha subrayado que “no estamos hablando de si hay secretos de alcoba, sino de si se dedicaban por encargo de miembros de un partido a investigar con objeto de sacar rédito político”. El fiscal ha relacionado este caso con el que ha sacudido la política catalana por la supuesta contratación de una empresa para investigar políticos.

Allí “se ha montado la que se ha montado, y aquí no es que un partido encargue a una empresa, sino que el miembro de un partido político utiliza contactos en una unidad policial de la máxima sensibilidad”. En este sentido, ha desempolvado las declaraciones del secretario general del PSE en Álava, Txarli Prieto, que compareció ayer como testigo, para indicar que no se puede “utilizar un servicio de seguridad para saber si uno tiene amante”.

El fiscal ha destacado que Tellería no ha dado “explicaciones satisfactorias” sobre la procedencia de los seis documentos con aspecto de informes policiales, según agentes de la Ertzaintza, que fueron incautados en marzo de 2010 en el domicilio del exmiembro de la cúpula alavesa del PNV.

Sobre una de las estrategias de la defensa, basada en que no se trata de contenidos que se correspondan con la información de las bases de datos de la Ertzaintza, Izaguirre ha señalado que durante la fase de instrucción se ocultó que sí se habían obtenido resultados en la búsqueda por términos concretos.

También ha negado otro de los argumentos de las defensas, que aseguraron días atrás que los dos ertzainas no tenían modo de conocer quiénes eran las fuentes porque estaban ocultas con códigos. Un agente indicó ayer al respecto que “para dar de alta a una fuente había que ponerlo por escrito, en un informe” que llegaba a Jesús Acha.

Asimismo, ha indicado sobre la función esgrimida por el propio Tellería para albergar en su disco duro estas informaciones –que se encargaba de los anónimos que llegaban al ABB- que una de las fichas recoge un listado de personas sobre el que se le pide que se comente a su autor si quiere que se añadan o se supriman nombres a los que seguir o entrevistar.

“Eso no es un anónimo, es una gestión”, ha insistido, para después reseñar que coinciden por fechas una de las fichas –la que recoge información ofrecida supuestamente por el exdirectivo de la patronal alavesa Aitor Otaola sobre un contrato que finalmente no se firmó para traer al alcalde de Barcelona a Vitoria- y una llamada entre Carlos Lau y Aitor Tellería.

Izaguirre reclama también la responsabilidad subsidiaria del Gobierno vasco, representado en la vista oral por Javier Otaola, anterior síndico de Vitoria.