El Parlament admite a trámite la iniciativa para la renta de ciudadanía

La mesa del Parlament ha admitido hoy a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Renta Garantizada de Ciudadanía para regular la renta de ciudadanía. Esta ayuda, calculada en 664 euros mensuales, está prevista en el artículo 24.3 del Estatuto de Cataluña y pensada para personas en riesgo de exclusión social o que viven por debajo del umbral de la pobreza. En caso de ser aprobada, sustituiría a la actual Renta Mínima de Reinserción (RMI), popularmente conocida como Pirmi.

La admisión a trámite permitirá a la comisión promotora comenzar la recogida de 50.000 firmas en un plazo de tres meses ampliables a dos. Antes, una comisión de juristas deberá validar las hojas de recogida de firmas y los fedatarios que las recogerán. Sixte Garganté, de la comisión promotora, ha explicado que prevén comenzar la campaña en abril para terminarla después del verano.

Garganté ha celebrado que finalmente el Parlament haya admitido a trámite la iniciativa legislativa, pese a los sucesivos informes del Gobierno catalán en contra. En un primer informe, de apenas dos páginas, el ejecutivo se oponía a la renta mínima por razones presupuestarias, por falta de dinero decía concretamente, pero no cuantificaba cuánto necesitaría para implantarla. El segundo informe, entregado hoy, también es negativo y cuantifica en unos 3.600 millones de euros el coste adicional que comportaría la aplicación de la ayuda. Pese a este informe los grupos parlamentarios, el de CiU también, han votado unánimemente la admisión a trámite.

Los promotores de la iniciativa, entre los que figuran los sindicatos, una treintena de entidades (entre las que figuran asambleas de parados, asociaciones de vecinos, Justícia i Pau, ATTAC o el 15M) y los grupos parlamentarios del PSC, ERC e ICV, desmienten "rotundamente" esta cifra y aseguran que la implantación de la renta "costaría 1.800 millones, y no adicionales, que permitirían acabar con la probreza en la que viven 700.000 catalanes", sostiene Garganté.

La ILP fue presentada el pasado 25 de enero con la preemisa de que, para afrontar la pobreza es más caro no hacer nada que fijar una ayuda para quien no llegue a unos mínimos.Los promotores recuerdan que en Cataluña la pobreza alcanza al 30% de la población y que 225.000 familias no tienen ningún ingreso. "Hay mucha gente que no tiene nada, y no solo son los marginados, sino los nuevas víctimas de la crisis", recordó el día de la presentación Diosdado Toledano, de la comisión promotora. Él mismo aseguró que la Generalitat tiene constancia de que el próximo mes de noviembre el 70% de los parados habrá agotado la prestación por desempleo.