Sánchez-Camacho pide que el director de los Mossos dimita por la trama de espías

El caso del espionaje político en Cataluña ha generado una crisis política y ha contribuido a envenenar, aún más, las dificilísimas relaciones entre el Gobierno catalán y el Partido Popular. Alicia Sánchez-Camacho, líder del PP catalán, ha renunciado a que sus escoltas sean mossos y esa labor, desde ayer, la realizan policías nacionales. La popular, que fue espiada durante su almuerzo con la exnovia de Jordi Pujol en 2010, justificó la medida por su falta de confianza política con el director de los Mossos d’Esquadra, Manel Prat, de quien pidió su dimisión.

La popular le acusa de haber interferido en la investigación del caso de las escuchas al haberse reunido el día 18 de febrero, en su coche oficial, con una periodista poco después de que esta se entrevistara con Francisco Marco, dueño de la agencia de detectives Método 3 implicada en el escándalo. Esa misma noche, Marco y otros tres detectives fueron detenidos por la policía.

Todos los partidos del arco político catalán, incluido Ciutadans, de corte constitucionalista, consideran que el PP ha sobredimensionado el episodio y que lo está utilizando para desprestigiar a los Mossos. Pero no es esa la versión de Sánchez-camacho, que considera el papel de Prat de “gravísimo”, no lo achaca a la casualidad y recuerda que ya es el segundo cargo del Gobierno (el otro es Xavier Martorell, director de Prisiones) que aparece vinculado a Método 3. En una alambicada teoría, Sánchez-Camacho expresó su agradecimiento por el trato profesional y personal de los Mossos durante estos cinco años. “Pido la destitución de Prat porque no le tengo confianza y porque ha mentido. Si se va, pediré que los Mossos sean de nuevo mi escolta”, argumentó en una decisión muy criticada —desde el democristiano Josep Antoni Duran Lleida a la ecosocialista Laia Ortiz— pasando por el resto de partidos.

La polémica estalló el sábado cuando La Vanguardia publicó que un informe de la policía sostenía que el coche oficial de Prat estaba cerca de la casa de Marco. La revelación comportó que la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, pidiera el cambio de escoltas de la popular al consejero de Interior, Ramon Espadaler. La petición, firmada por la afectada, se realizó el sábado a las 13.05 y el consejero le respondió dos horas después accediendo a su petición.

Prat negó las primeras informaciones que le situaban delante de la casa de Marco (Aribau con Provença) a través de un lacónico comunicado. Pero ayer, en rueda de prensa, confirmó que se vio cerca de la casa de Marco (en la esquina Rambla de Catalunya con Consell de Cent) con la periodista, pero que desconocía la reunión que ella había mantenido solo media hora antes con Marco. “Es surrealista. Hay 17.000 mossos y ¿tendría que hacer yo ese trabajo?”, se interrogó para lanzar dos ataques más al PP. Primero, que la Secretaría de Estado de Seguridad pidió el día 27 de febrero a la Generalitat el cambio de escoltas. Y, sin dudarlo, espetó que Sánchez-Camacho se había dedicado a “mentir” por sostener que reclamó el cambio de escoltas tras leer la información por la prensa sobre el episodio entre Prat y la periodista.

Fuentes del caso aseguran que la llamada se produjo entre un alto cargo de la Secretaría de Estado, Diego Pérez de Los Cobos, y un alto mando de la policía catalana, de teléfono fijo a teléfono fijo. A este se le dijo que hiciese la petición por los “conductos reglamentarios y más pulcros”, según Prat. El Ministerio del Interior zanjó la polémica con un “no nos consta”, pero sin llegar a negar que la llamada se produjese. La dirección popular en Cataluña negó tajantemente cualquier petición previa de cambio y la ciñó al correo enviado al consejero.

No fue ese el único capítulo de desencuentros entre el mando policial y la popular. Prat acusó también a Camacho de haber sido responsable de un peligroso episodio de “contravigilancia” policial. Según su versión, varios policías escoltaron a la senadora sin que los Mossos lo supiesen. “¡Eso es mentira!”, exclamó en una multitudinaria rueda de prensa para aclarar el incidente. Según su relato, hace unas tres semanas se apostaron delante del colegio de su hijo un grupo de periodistas por lo que aclaró que informó del caso a la Delegación de Gobierno, que decidió enviar a dos policías. La investigación por las escuchas ya estaba en marcha. Esa contravigilancia duró dos días. Enfrentadas en casi todo, ambas partes coincidieron al menos en algo: el incidente ocurrió el 21 y 22 de febrero. Según Prat, el comisario jefe de la policía, Agustín Castro, aseguró que enviaron a los agentes porque desconocían que los Mossos protegían también el ámbito familiar de la política.

Prat negó hasta la saciedad que su coche pasase o estuviera aparcado cerca de la casa de Marco. “Ni le conozco”, matizó. E incluso negó que tratase el espionaje con la periodista. “Había informaciones tan diferentes, mezcladas, sobre tantos partidos… que al final no hablamos del tema”, explicó Prat, que defendió la misma versión que la periodista publicó ayer en El Periódico. Los dos tenían una cita para comer, ella lo olvidó, y cuando le llamó, Prat ya había comido. Pero aceptó recogerla de camino a una reunión y hablar unos 15 minutos. Prat admitió que si hubiera conocido la cita previa con Marco quizá la hubiese pospuesto. “¡Olvídense de si la distancia era de un kilómetro o no”, insistió Sánchez-Camacho. “Lo relevante es que un director policial se reúne con una periodista que antes se ha visto con una persona que luego sería detenida. ¿Qué pasaría si otros partidos fueran los afectados?”, se preguntó.