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Archivada la causa contra el gurú de Granada por esclavizar a sus fieles

Los miembros del grupo le acusaron de usar técnicas de persuasión colectivas coercitivas

Miembros de la comunidad hinduista de Granada Vaidika Partisana Sangha.
Miembros de la comunidad hinduista de Granada Vaidika Partisana Sangha.EFE

El juez de Instrucción número 7 de Granada ha decretado el archivo provisional de la causa que se seguía contra el gurú hinduista que fue denunciado por la Fiscalía en 2010 por asociación ilícita y delitos contra la integridad moral. Dicha denuncia se produjo después de que varias de sus supuestas víctimas, antiguos miembros de la comunidad Vaidika Partisana Sangha, le acusaran de utilizar técnicas de persuasión colectivas coercitivas y de incluso imponer condiciones laborales que rozaban la esclavitud.

Pues bien, tras la investigación judicial realizada, el juez concluye que “no existen motivos objetivos ni serios que permitan estimar que el imputado —de iniciales A. J. R. P— haya podido incurrir en los delitos denunciados”. La Fiscalía pidió hace unos meses el archivo del caso y puso en duda los testimonios de algunos denunciantes.

Estos acusaban a A. J. R. P. de captar a los miembros de la comunidad para satisfacer intereses personales, limitar su alimentación y horas de sueño, utilizar incluso la violencia física y conseguir acceso sexual de algunas de las integrantes de la comunidad. Todo ello, según denunciaron, para obtener la disposición de los bienes que eran propiedad de las supuestas víctimas e integrarlos en su patrimonio personal.

El juez, por el contrario, señala que la entrada y salida de la comunidad religiosa era “totalmente libre y voluntaria” aunque sí reconoce que había normas, “si se quiere estrictas”, que tenían que ser cumplidas por sus miembros, que llegaban a la conocida como Casa de Yoga, en Armilla, para practicar cursos de yoga o meditación. En cualquier caso, a todos se les exigía que fueran mayores de edad.

No ha quedado acreditado, por tanto, ni el maltrato psicológico, ni las coacciones, ni lesiones, ni el delito contra la libertad sexual o estafa que de forma genérica, según consta en el auto contra el que cabe recurso, atribuían las acusaciones popular y particular al imputado.

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