Camacho renuncia a la escolta de los Mossos y solicita la de la Policía
La líder del PP de Cataluña prefiere cambiar su escolta por desconfianza con la Conselleria de Interior de la Generalitat
El presunto espionaje político en Cataluña ha derivado en una crisis institucional. La líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, reavivó el domingo la polémica al renunciar a la escolta que le proporcionan los Mossos d’Esquadra. En una carta dirigida al consejero de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler (CiU), Sánchez-Camacho adujo que, en su condición de senadora, precisa de seguridad “en toda España”, por lo que cree que el Cuerpo Nacional de Policía debe asumir esa tarea.
Pese a que en la misiva subraya su “profunda estimación” a la policía autonómica y alaba su “profesionalidad”, la decisión de la líder popular nace de la desconfianza hacia la cúpula política de los Mossos. En especial, a raíz de una información publicada por La Vanguardia en la que se remarca que efectivos del Cuerpo Nacional de Policía identificaron el vehículo oficial del director de los Mossos, Manel Prat, cerca del domicilio del detective Francisco Marco pocas horas antes de que este fuera detenido.
Batalla policial por el ‘caso Método 3’
La comida entre Sánchez Camacho y la examante de Jordi Pujol Ferrusola se celebró en julio de 2010. Hace un mes, El Mundo y El Periódico> publicaron que el encuentro había sido grabado de forma ilegal (con micrófono oculto) por la agencia Método 3. El Mundo añadió que el secretario de organización del PSC, José Zaragoza, encargó la grabación. Al conocer la noticia, Camacho interpuso una demanda civil para proteger su derecho al honor y también presentó una denuncia ante la policía. En concreto, ante el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que desde entonces y hasta ahora se ha hecho cargo de la investigación.
La decisión de acudir al CNP levantó escamas en la dirección política de los Mossos, que se vio apartada de las pesquisas sobre una presunta trama de espionaje que afecta a diversos partidos políticos. La policía detuvo a cuatro detectives por un presunto delito de revelación de secretos, a los que el juez que investiga el caso dejó en libertad con cargos.
La Generalitat intentó meter la nariz en el asunto. Por eso la vicepresidenta Joana Ortega —apareció como presunta víctima del espionaje— presentó una denuncia ante los Mossos. El juez, sin embargo, ya había encomendado la investigación al CNP, que registró la sede de Método 3 y ahora analiza si la agencia orquestó más grabaciones ilegales. La denuncia de Ortega fue archivada por falta de pruebas.
Marco, exresponsable de la agencia de investigadores Método3, fue arrestado hace tres semanas por haber grabado de forma ilegal una reunión en el restaurante barcelonés La Camarga entre Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán. Según algunas informaciones, el exsecretario de organización del PSC, José Zaragoza, encargó a Método la grabación del encuentro.
Los Mossos d’Esquadra negaron el sábado, en un comunicado, que el vehículo oficial de Prat “hubiera circulado o hubiera sido estacionado” delante de la casa del jefe de Método 3. Fuentes del Ministerio del Interior confirman, sin embargo, que ocurrió así: el 18 de febrero al mediodía, pocas horas antes de la detención de Marco, unidades del CNP que llevaban dos días vigilando al detective identificaron un vehículo como el coche oficial del director.
Otras fuentes conocedoras del episodio relatan que los agentes del CNP identificaron el vehículo porque se subió a él una periodista que, minutos antes, había mantenido una reunión con Marco sobre el escándalo que supuso la publicación de la grabación ilegal en La Camarga. Tras la charla con el detective, la periodista tenía un encuentro con Prat, cuyo vehículo oficial pasó a recogerla, pero no frente a la casa de Marco, sino en otro punto del centro de Barcelona.
Sánchez-Camacho dio crédito a la versión del ministerio y afirmó que la presencia de Prat es un hecho “inadmisible en cualquier país democrático”. El sábado, la delegada del Gobierno central en Cataluña, María Llanos de Luna, telefoneó el sábado a Espadaler para pedir el cambio de escolta. El consejero contestó que debía ser la interesada quien lo solicitara. Y así lo hizo Sánchez-Camacho en su carta: “Quiero comunicarle mi renuncia a la escolta de los Mossos d’Esquadra y expresar mi agradecimiento personal a los profesionales que han prestado servicios durante los últimos años”.
El argumento de la líder popular es que precisa de protección en toda España. La misiva recoge, en ese sentido, que la cúpula política de los Mossos le denegó ese servicio en nueve desplazamientos durante 2011 y 2012 en León, Valladolid, Salamanca, Málaga, Vigo, Ourense, Menorca, Alicante, Elche, Gandía, Almería, Almuñécar, Jaén y Sevilla. Por su propia naturaleza, los Mossos solo tienen competencias en el ámbito de la comunidad autónoma.
Gobierno y Generalitat discrepan sobre la presencia del coche oficial de Manel Prat
La inédita decisión de Camacho provocó el domingo una oleada de críticas de los políticos catalanes. Espadaler se quejó del “uso político” que ha hecho Camacho de los Mossos, ya que su renuncia “no deriva de ningún fallo en la seguridad que le hemos dispensado”. El consejero de Interior lamentó que la decisión no ayuda a mejorar las relaciones entre cuerpos policiales y reiteró su “explícita y clara” confianza en el director general. “No somos nosotros los que hemos de justificar nuestro trabajo, es quien ha dicho que este coche estaba no sé dónde quien tiene que dar cuentas si lo cree oportuno”, añadió.
Su antecesor en el cargo, Felip Puig, tildó la actitud de la líder del PPC de “grave irresponsabilidad” por instrumentalizar a los Mossos con fines políticos y la tildó de “oportunista”. Y añadió que es una maniobra más para “atacar las posiciones políticas de Cataluña”. El líder del PSC, Pere Navarro, acusó a Sánchez-Camacho de “separar” a los catalanes al dudar de los Mossos. “Camacho está dudando de la profesionalidad de los Mossos, lo que no es una buena práctica para un dirigente político”. El diputado de Esquerra Republicana en el Parlament Oriol Amorós calificó de “impropia” la desconfianza hacia el cuerpo policial.
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