Las guardias de los juzgados de violencia carecen de trabajadores psicosociales

Han pasado cuatro años desde que empezaron a hacer guardias, pero los juzgados de violencia sobre la mujer aún no cuentan con psicólogos y trabajadores sociales que atiendan a las víctimas. El servicio de guardias, creado por el Consejo General del Poder Judicial dada la especial relevancia de este tipo de delitos, arrancó el 1 de enero de 2009, y pese a que la Ley Integral contra la Violencia de Género insiste en garantizar la asistencia y protección de las víctimas, en las guardias no se está cumpliendo. Por ello, el portavoz de Izquierda Unida en el ramo, Mauricio Valiente Ots,  lleva este martes a la Comisión de Justicia y Presidencia de la Asamblea una proposición no de ley (PNL) para que se incluya en estos servicios al trabajador social y al psicólogo adscritos al Equipo Técnico Psicosocial de cada juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital

En Madrid hay una veintena de juzgados de violencia de género que ha tramitado 15.833 denuncias en 2012, según datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cuentan con un equipo de atención psicosocial formado por un médico forense, un psicólogo y un trabajador social de lunes a viernes de ocho de la mañana a tres de la tarde, pero cuando el juzgado está de guardia, es decir, por las tardes, los fines de semana y los festivos, el equipo queda reducido a la sola presencia del forense.

En el texto registrado en la Asamblea, IU indica que esta ausencia "repercute de manera significativa" en la atención a las víctimas y en la eficacia del servicio. "La atención a las víctimas es incompleta e inadecuada", explica una portavoz del colectivo de psicólogos que prefiere no identificarse. "Hablamos de delitos en los que hay una carga emocional muy alta y de un colectivo especialmente vulnerable, es el juzgado que más debería requerir nuestra presencia".

Según el colectivo, la presencia de estos profesionales es fundamental tanto para atender a las víctimas como para ofrecer una valoración "integral" (médica, psicológica y social) de todas las decisiones que se toman en los juzgados, tal y como contempla la Ley Integral. "No solo estamos para dar asistencia emocional —explica la portavoz del colectivo— sino también para tramitar recursos urgentes (como pedir un piso acogida), para valorar el riesgo de peligrosidad de un detenido o la conveniencia de pedir una orden de protección o de alejamiento", completa.

Cuatro años buscando una solución

Las primeras reivindicaciones de este colectivo se remontan a noviembre de 2008, antes incluso de que entraran en funcionamiento los juzgados de violencia sobre la mujer. En previsión de la puesta en marcha del servicio, el colectivo de trabajadores sociales y psicólogos envió un escrito a varios organismos como el CGPJ, el Observatorio Contra la Violencia Doméstica y la Dirección de Justicia de la Consejería de Presidencia expresando su preocupación porque les excluyeran de las guardias. Un mes más tarde, el CGPJ señaló que la determinación de la plantilla no entraba en sus competencias.

El 23 de abril de 2009, el por entonces consejero de Presidencia Justicia e Interior, Francisco Granados, respondió a una pregunta de IU en la Asamblea diciendo que entendía que los equipos técnicos debían tener el mismo horario que el resto de trabajadores de los juzgados. Una semana más tarde, la Comunidad de Madrid realizó una propuesta a los sindicatos en la que ofrecía incluir un equipo psicosocial para cada dos juzgados de guardia, pero fue rechazada por desacuerdos en cuanto a las compensaciones salariales de los funcionarios. Desde entonces, no se han vuelto a presentar propuestas por ninguna de las partes.

Los equipos esperan que con la PNL que IU presenta este martes en la Asamblea se pueda llegar a un acuerdo después de cuatro años de funcionamiento incompleto. "Entendemos la difícil situación económica actual y por eso guardamos la esperanza de que solucione aunque sea con un equipo para cada dos juzgados de guardia, tal y como la Comunidad ofreció en su día sin llegar a llevarlo a cabo", indican desde el colectivo.