“Hemos llegado a castigar la solidaridad”

Pedía limosna y murió a las puertas de un banco. Antonio El Portugués, conocido indigente de Cádiz, se convirtió la semana pasada en otra víctima de la exclusión. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha organizado una concentración en su memoria. Y también de condena contra la falta de protección, el desprecio social y las políticas inhumanas. Es la última acción de este colectivo con 20 años de existencia. Rafael Lara, su actual portavoz en Cádiz y responsable de relaciones internacionales en Andalucía, siempre ha estado ahí. Y en dos décadas la lucha no ha cesado. “He sentido impotencia”, admite al ver que no siempre sus batallas dan resultado. Y ahora todo se agrava. “Hay más represión. Hemos llegado al punto de castigar la solidaridad”.

Para hablar de la creación de este colectivo, Lara recuerda a Diamantino García, el precursor de aquel movimiento que aglutinó pacifistas, sindicalistas, trabajadores sociales, ciudadanos de a pie preocupados por la dignidad de la persona y el cumplimiento de los derechos humanos. “Entonces había también desahuciados, desfavorecidos y excluidos”. La asociación, más que prestar una asistencia como hacían ya otras organizaciones, se centró en vehicular la denuncia sobre personas discriminadas. “Han pasado 20 años pero los problemas esenciales de ahora también existían entonces. Y más en Andalucía con una economía débil, centrada en los servicios y el turismo, con el campo a punto de desaparecer y muchísimos problemas de exclusión”.

Entonces empezaron las oleadas de pateras. Y Pro Derechos Humanos de Andalucía se convirtió en la voz de la protesta contra agresiones a principios básicos. “Recuerdo que Diamantino llegó a visitar la plaza de toros de Tánger, en Marruecos, en la que metieron a miles de personas para devolverlas a sus lugares de origen. Se cometieron verdaderas barbaridades. Y se siguen cometiendo”. Lara presenta anualmente el informe Frontera Sur, en colaboración con organizaciones internacionales, que analiza el número de víctimas de inmigración clandestina y el nivel de represión que sufren en otros países. “La represión sigue y hay una vulneración continua y grave de derechos básicos de los seres humanos”, dice tajante.

La crisis en España no ha hecho desaparecer los viajes clandestinos por el Estrecho. La asociación recuerda que en Argelia o Marruecos miles de subsaharianos aguardan la partida y en unas condiciones muy precarias. “La presión contra ellos ha aumentado, el racismo está creciendo en África”, asegura.

Es la crisis crónica de los que nunca han tenido nada. Y contra ellos han estado los centros de internamiento, los hacinamientos, las bodegas de los barcos, las vendas en los ojos para no ver su sufrimiento. Las denuncias de Pro Derechos Humanos de Andalucía servían para quitarlas, para evitar que la sociedad siguiera ciega.

Y esa lucha ha tenido su precio. “Hemos sufrido la persecución de la policía y de las administraciones. Yo recuerdo todavía la compañera de Tarifa a la que se le impuso una multa enorme porque participó en una manifestación en defensa de los derechos de los inmigrantes. Hemos llegado al punto de castigar la solidaridad”, repite Rafael Lara. Y explica que ese castigo a la solidaridad ha crecido con el Gobierno de Mariano Rajoy. “Cuando vimos los resultados de las elecciones temimos una tolerancia cero a los movimientos sociales, pero es que ha sido mucho peor”, cree. Y lo ejemplifica con las prohibiciones de manifestaciones y concentraciones de colectivos. “Es la represión de todo el que se mueva”, añade.

Recuerda la creación en Granada de una coordinadora antirrepresión. “Se criminaliza al que protesta, nos tachan de antisistema, de violentos, de delincuentes. Tratan de desprestigiarnos. Es su coraza. Es una política de autismo frente a los problemas”, declara.

Lara arremete contra el Gobierno del PP pero no salva al PSOE en la Junta de Andalucía. “Llevan 30 años y tienen que tener alguna responsabilidad. No se puede echar balones fuera continuamente y culpar siempre a Madrid. Han fallado en muchas cosas: no tenemos ley de inclusión, no se han aprobado las rentas básicas que establece el Estatuto de Autonomía, se ha eliminado el servicio de orientación jurídica de presos porque no se han puesto de acuerdo con el Gobierno”, enumera. “También han recortado en salud y educación. Vale que menos que en otras comunidades pero lo han hecho. Lo que tienen es que enfrentarse al Gobierno central y no perder ninguna nueva oportunidad como han venido haciendo hasta ahora”.

La lucha de Rafael Lara sigue. Con derrotas y triunfos. Como la muerte de Antonio El Portugués, un excluido que no encontró entrada al sistema. A él dedicó Pro Derechos Humanos su última concentración. Pero también ha habido victorias. “Son pequeñas pero llenan de satisfacción como cuando evitamos que una inmigrante sea expulsada porque le hemos conseguido ayudar con los papeles”. Lara pone voz a su asociación con la impotencia natural del que no puede resolver los grandes problemas. “No es una frustración porque no tengo esperanzas de que las cosas cambien de un día para otro, pero sé que lo hacemos es útil. En las pequeñas y las grandes cosas. Cuando ayudamos a una persona o cuando presionamos para cambiar una ley”. Y es cuando encuentra nuevas razones para seguir al frente. “Hay sufrimiento pero tenemos mecanismos para aliviarlo”.