Habidite demanda a Bizkaia por el convenio que no se envió a Bruselas

La empresa Habidite, propiedad mayoritariamente del empresario vizcaíno Jabyer Fernández, ha presentado una demanda contra la Diputación de Bizkaia ante la Sala Contecioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco relativa al convenio sobre investigación y desarrollo suscrito entre ambas partes para la construcción de una fábrica de viviendas prefabricadas en Alonsotegi. Esta acción judicial afecta al único de los convenios suscritos en 2006 por Fernández y el diputado general, José Luis Bilbao, sobre los que no se posicionó la Comisión Europa ya que no se le solicitó su dictamen sobre la legalidad de las ayudas concedidas. Eso sí, la comisión conoce su existencia pero no se posicionó ya que no formaba parte del objeto requerido desde Bizkaia.

Al interponerse ahora esta demanda, Habidite procura que el caso sobre la tipificación del convenio no quede cerrado como podría desprenderse una vez conocido el pasado verano el fallo desde Europa. Entonces, Bruselas determinó que los contratos incluían ayudas públicas a Habidiete habida cuenta de que ningún inversor privado habría aceptado un contrato en los términos fijados por Bizkaia, pero no se consideró necesario recuperarla ya que la subvención nunca se entregó. En la resolución se advertía de la ilegalidad de la ayuda prevista porque no se había notificado a la UE y se fijaba una aportación máxima de 10,5 millones. Fernández siempre ha suspirado por encontrar en la resolución favorable sobre estos convenios el punto de partida para abrir una demanda por daños y perjuicios contra el diputado general de Bizkaia y la propia institución.

El convenio que ahora fundamenta la demanda de Habidiete suponía un ayuda de 10 millones de euros, encaminados, principalmente, a la investigación, desarrollo y formación. A su vez, el acuerdo contemplaba un primer convenio para la adquisición de los terrenos destinados al uso industrial de Habidite y un segundo destinado a la compra en un período de tres años de de 1.500 viviendas construidas bajo el sistema de módulos. Ninguno de los dos objetos llegó a consumarse.

Con todo, esta nueva demanda prolonga aún más la brecha judicial abierta por Jabyer Fernández contra la Diputación de Bizkaia tras abandonarse el proyecto de Alonsotegi y que el empresario siempre ha entendido como el origen de todos sus males posteriores, envueltos en sucesivas demandas y en su comprometida situación financiera e industrial.

Ahora, como suele ser habitua, la entrada por la vía contencioso administrativo dilatará todavía más la resolución definitiva sobre este espinoso asunto de los convenios Habidite-Bizkaia y que tiene como principal propósito evitar el carpetazo a la polémica de los convenios.